Todas las características del caso Diego Fernández de Cevallos apuntan a que se trata de una privación ilegal de la libertad y no de una desaparición de persona, como lo ha informado de manera insistente la Procuraduría General de la República (PGR), coincidieron en señalar los criminólogos Julio Hernández Pliego y Max Morales, expertos en delitos penales y en liberación de rehenes, respectivamente.

En entrevistas por separado, ambos abogados indicaron que las autoridades que encabezan las pesquisas están obligadas a dilucidar si el móvil del secuestro fue por motivaciones políticas, económicas, de narcopolítica o por algún tipo de venganza hacia sus actividades profesionales y/o personales.

Los expertos criticaron el empeño puesto por la PGR en señalar que en este caso no hay elementos indiciarios para que se configure el delito de privación ilegal de la libertad.

Qué raro que la PGR, que no está siendo la responsable directa de la investigación del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, quiera ser la protagonista y única vocera, para dar a conocer noticias sobre los avances del caso: o son muy irresponsables o están interfiriendo (las autoridades federales) para ocultarnos la verdad, cuestionó Morales.

A su vez, el penalista Julio Hernández Pliego refirió que esta desinformación que priva en el caso Fernández de Cevallos pudiera deberse al hecho de que las autoridades y los familiares del ex senador estén dando una cara falsa de los hechos ante los medios de comunicación, cuando en realidad ellos puedan tener conocimiento de lo que realmente sucedió (en el rancho del abogado). Lo que se puede apreciar es que hay una clara intención (de las autoridades) por distraer la atención sobre lo que en verdad sucedió.

Tanto Morales como Hernández coincidieron también en que es común que cuando se trata de un secuestro de alto impacto los responsables pueden tardar varios días o incluso semanas antes de entrar en contacto con los familiares de la víctima para informarles sobre cuáles son sus pretensiones.

Max Morales, quien adquirió notoriedad tras haber negociado la liberación de varias víctimas de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, destacó que la PGR habla en el caso Fernández de Cevallos de una desaparición de persona, lo cual es equivocado, porque si fuera así no habría delito que perseguir, con base en lo establecido en el Código Penal de Querétaro, el cual sanciona el delito de secuestro pero no la desaparición de persona.

“Técnicamente estamos frente a una privación ilegal de la libertad, aunque aún no se sabe cuál es el móvil que motivó a los responsables a cometer ese delito. Las hipótesis posibles pueden ser: secuestro con fines económicos, políticos o de venganza personal, o quizá con objetivos de narcopolítica”, destacó Morales en entrevista radiofónica.

Refirió que aquellos fines que hayan motivado la privación ilegal de la libertad de Fernández de Cevallos variarán, “porque al ser un importante personaje de la vida política del país, se pueden manejar móviles de motivación política. Incluso, también puede tener (el plagio) una motivación de narcopolítica que busque evitar alguna extradición o captura de un poderoso criminal”.

De su lado, Hernández Pliego refirió en entrevista con La Jornada que por ahora las autoridades no pueden descartar ninguna hipótesis en sus pesquisas, incluida aquella que tiene que ver con la posibilidad de que Fernández de Cevallos “hubiera sido levantado para que sea rehén de canje por la libertad de alguna persona detenida”.