Morelia, Mich., 18 de mayo. La estrategia contra el crimen organizado en México no puede seguir como una política de bala contra bala, ni como un frente únicamente policiaco, aseguraron rectores de todo el país. Tras reconocer que ante las condiciones de inseguridad, el presupuesto para la vigilancia de los campus se duplicó en los pasados dos años, afirmaron que el combate a la delincuencia organizada debe ser mucho más integral e incluir causas como pobreza, marginación y falta de oportunidades educativas.

En la 34 sesión ordinaria del  Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), que se realizó en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 38 rectores acordaron fortalecer los mecanismos de control externo e interno de sus instalaciones académicas con cámaras de seguridad, arcos detectores de metales e incremento en la contratación de personal de vigilancia. También promoverán lineamientos de seguridad para la comunidad de estudiantes, profesores y trabajadores.

Entre las acciones aprobadas está la creación de un portal de Internet para difundir los proyectos más exitosos en la materia, fortalecer la formación de valores entre la comunidad estudiantil y prevenir el consumo de drogas y alcohol. En las próximas semanas convocarán a foros temáticos –el primero en la región norte del país–, a fin de reunir a académicos y especialistas que propongan soluciones integrales al tema de la seguridad.

Frente a la creciente preocupación de la comunidad de rectores por la violencia que enfrentan en sus estados, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, afirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá un papel de facilitador de las acciones impulsadas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Informó que está a disposición de las universidades el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, con un fondo de 40 millones de pesos, para obtener recursos adicionales que permitan fortalecer sus proyectos de protocolos de seguridad y prevención en los campus. Sin embargo, alertó que ante el temor que genera la inseguridad en el país no podemos  caer en miedo ni limitar las acciones que se realizan en el ámbito universitario. Por ello exhortó a las instituciones de educación superior a fortalecer una ciudadanía responsable y establecer con claridad la diferencia entre la percepción que tenemos de los hechos y la realidad.

En contraste, algunos rectores señalaron que se ha disparado  la inversión destinada a acciones de seguridad y vigilancia de las instituciones. En algunos casos se optó por cerrar más temprano las instalaciones, exigir identificación a estudiantes, profesores y trabajadores, así como fortalecer estrategias de prevención, lo que incluye evitar lugares oscuros y poco transitados, y no estacionar vehículos en zonas inseguras.

Jesús Ancer Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), destacó que ante la violencia que se vive en esa entidad se impulsaron mecanismos de autoprotección entre los alumnos. Reconoció que tan sólo este año han invertido 80 millones de pesos para fortalecer la seguridad de sus instalaciones.

Cifra roja en la universidad juarense

Al respecto, Jorge Quintana, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, afirmó que cerca de cumplirse los primeros cien días del programa Todos Somos Juárez, no ha bajado la criminalidad; al contrario, aumentó la percepción de inseguridad y no hay inversión real para enfrentar un problema tan complejo. Agregó que en los pasados dos años subieron 200 por ciento los fondos que esa institución destina a seguridad, con un monto de 8 millones de pesos.

Pese a ello, informó, el saldo rijo en la comunidad universitaria juarense es de ocho estudiantes muertos, dos desaparecidos, una alumna secuestrada y el asesinato de tres profesores de esa institución.

Denunciamos todos los casos, pero no sabemos nada de los responsables. Sólo hay impunidad, lamentó el rector.