Madrid, 18 de mayo. Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe cerraron hoy la sexta cumbre reforzando sus lazos comerciales al autonombrarse socios globales. En la Declaración de Madrid se comprometieron a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes de efecto invernadero.

Los líderes latinoamericanos expresaron preocupación a sus pares europeos por las posibles consecuencias de la crisis que afronta Europa, provocada por la amenaza de bancarrota de Grecia y su posible contagio a España y Portugal, al considerar que esta situación podría afectar además las exportaciones de los países de América Latina al viejo continente.

Ambos bloques, que en conjunto suman más de mil millones de habitantes, acordaron intensificar su cooperación y avanzar hacia una alianza estratégica que evite el proteccionismo para encarar juntos la peor crisis económica y financiera. Por ende, los más de 60 líderes aquí reunidos abogaron por trabajar en pro de una nueva arquitectura financiera internacional, con mejores reformas y regulaciones.

En la cumbre, en la que se reafirmó el apoyo a Haití tras el devastador terremoto que sufrió el pasado 12 de enero, los países representados en Madrid coincidieron en un diagnóstico: el mayor desafío de cara al futuro es revertir los estragos de la crisis financiera y económica internacional, que se traduce en aumento del desempleo, la desigualdad y la pobreza.

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su calidad de presidente en turno de la UE, abogó por acelerar los procesos negociadores de libre comercio y reclamar más liberalizaciones en los sectores estratégicos –como energía, infraestructura y telecomunicaciones–, así como pedir marcos regulatorios que fomenten la inversión extranjera directa.

Tanto en la cumbre oficial como en el encuentro de empresarios de ambos continentes se insistió en que la mejor vía para salir de la crisis es seguir con las políticas neoliberales: reducir al máximo el gasto público, suprimir políticas sociales, aumentar los impuestos directos e indirectos y abrir los mercados al libre comercio. Asimismo, hubo apoyo para fortalecer el euro como moneda estable.

Esta sintonía colectiva por abrir los mercados latinoamericanos a Europa se tradujo en tres acuerdos de libre comercio entre la UE con Centroamérica, Perú y Colombia. Además, se reanudaron las negociaciones de un posible acuerdo entre la UE y el Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

En contraste, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, recordó que la actual crisis fue pronosticada hace 10 años como consecuencia de la especulación y la corrupción financiera, empresarial y fiscal en Estados Unidos y Europa occidental. Ante esto –dijo–, no deben descargarse sus efectos en América Latina, el Caribe, el tercer mundo ni en los trabajadores, jubilados y pobres europeos.

Tras reclamar que la UE se relacione de otro modo con América Latina y el Caribe, como un conjunto de países independientes, con 570 millones de habitantes, destacó que se requiere de una nueva gobernanza mundial, pero basada en el derecho internacional, la democracia y la justicia social.

Subrayó que hoy en día el multilateralismo es ficticio; siguen dominando la hegemonía, el doble rasero y la hipocresía. Citó que basta leer la doctrina de la OTAN o mirar el despliegue militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, o el golpe militar en Honduras.

Dijo que la expoliación colonial y el saqueo capitalista convirtieron a Europa en acreedora y a América Latina y el Caribe en deudora, y que ahora todo sigue igual, aunque se le disimule en el libre comercio.

En tanto, el bloque de ambos continentes también se pronunció contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Este mensaje de lucha contra la impunidad coincide con los procesos abiertos en varios países –entre ellos España, Guatemala, Colombia, Argentina y Chile– para resolver las atrocidades perpetradas por regímenes anteriores, por lo que adquirió relevancia. Pero este mensaje contra la impunidad también aspira a convertirse en una llamada de atención sobre la falta de garantías en los sistemas judiciales de otros países de América Latina, incluido México.

Otra cuestión que arrastró la polémica desde su planteamiento fue la cuestión de la violencia de género y los feminicidios, una vez que un bloque liderado por España y Brasil pretendía hacer referencia explícita a este fenómeno y los mecanismos necesarios para atajarlo.

Pero la diplomacia mexicana mantuvo desde el primer momento una postura obstruccionista, al considerar que cualquier mención a los feminicidios supondría una llamada de atención al gobierno mexicano por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del campo algodonero, en el que se condenó al Estado como responsable del asesinato de tres mujeres.