Madrid, 17 de mayo. La Cumbre de los Pueblos concluyó hoy aquí con la propuesta de crear un Tribunal Internacional Penal sobre Crímenes Económicos, con una condena a la apropiación y la explotación económica de los recursos naturales realizada por las empresas trasnacionales europeas en América Latina y una declaración de respaldo a los gobiernos de Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia.

Los pronunciamientos de la Cumbre, presentados en forma de fallo judicial, fueron firmados por destacados juristas integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), académicos y defensores de los derechos humanos, que incluyeron una denuncia contra la inmoral y antijurídica actuación en Latinoamérica de empresas como Unión Fenosa, Endesa, Agrenco, Aguas de Barcelona, Pescanova, Telefonica, BBVA, Gas Natural, Continental, Goldcorp, British Petroleum, Nestlé y Repsol YPF, entre otras empresas europeas que, gracias a los acuerdos bilaterales o a la política exterior de la Unión Europea, tienen una presencia relevante en la región.

El TPP es por ahora una entidad no vinculante, pero aspira a cubrir un hueco en el derecho internacional, el de enjuiciar los crímenes de carácter estrictamente económico.

A la Cumbre de los Pueblos asistieron víctimas latinoamericanas de los atropellos juzgados por TPP, es decir, 27 casos documentados de violaciones de derechos humanos cometidos por multinacionales europeas en América Latina, con el apoyo de las instituciones y gobiernos de la Unión Europea.

Después de analizar los casos, el TPP señaló que la apropiación y la explotación económica de los recursos naturales realizada por las empresas trasnacionales europeas en América Latina, no solamente no suponen ninguna mejora de la calidad de vida de las comunidades, sino que, con mucha frecuencia, les causan perjuicios directos en forma de privación del acceso a recursos básicos, limitaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida.

La sentencia del TPP también es muy crítica el Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones, al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial del Comercio, a los que también responsabiliza del aumento de la pobreza, la desnutrición, la desigualdad y la violencia que carcome a las comunidades y pueblos originarios.

El prestigioso jurista español Perfecto Ibáñez, presidente del jurado, explicó que la sentencia supone una satisfacción de carácter moral, que además convierte a la víctima de sujeto pasivo a protagonista de la transformación social.

El brasileño Marcos Arruda, también miembro del TPP, afirmó que después de analizar la situación tienen la convicción de que el sistema que se rige bajo la idea de que la felicidad la da el crecimiento económico permanente y el consumo desmedido, es insostenible. Hay que reconstruir el desarrollo desde abajo.

?¿Qué ha quedado del supuesto capitalismo social europeo después de dos décadas de gobiernos neoliberales?”, cuestionó con ironía el profesor español Carlos Taibo.

La argentina y también ponente en el TPP, Nora Cortiñas, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, añadió que no queremos ni explotadores ni explotados en ningún país del mundo. Y por eso seguiremos luchando. A su vez, la ecuatoriana Blanca Chancoso alzó la voz contra los agravios históricos y presentes a los pueblos indígenas, pues –afirmó- el saqueo que inició hace 517 años no ha terminado.

Después de la lectura pública del fallo, las organizaciones sociales se reunieron en el polideportivo de San Fernando de Henares donde esperaron, infructuosamente, la llegada del mandatario boliviano, Evo Morales, quien se encontraba en una gira de trabajo en Roma antes de aterrizar en Madrid.

Durante el encuentro, los asistentes gritaron consignas contra el capitalismo salvaje de la UE, pero también se lanzaron gestos de solidaridad y simpatía con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Los que sí acudieron al encuentro con los miembros de la plataforma fueron el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez; el ministro venezolano para Europa, Temir Porras; su homóloga ecuatoriana de Patrimonio, Fernanda Espinosa; el ministro de Finanzas boliviano, Luis Arce, y la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien criticó con dureza al presidente colombiano, Álvaro Uribe, al que responsabilizó de los asesinatos a sangre fría en su lucha contra el terrorismo.

En el marco de la Cumbre de los Pueblos también hubo una moción particular sobre México, en la que se denunció la situación de los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y se exigió una investigación cabal sobre los asesinatos en Oaxaca de los activistas Bety Cariño y el finlandés Juri Jaakkola

Asimismo se advirtió de los estragos en la población civil de la absurda guerra del gobierno mexicano contra el narcotráfico y recordó la pasividad oficial en la investigación de los feminicidios en todo el país, pero en Ciudad Juárez en particular.