Acapulco, 14 de mayo. Legisladores, juristas, empresarios, especialistas y organizaciones ecologistas aseguraron que uno de los principales obstáculos que existen en México para el cumplimiento de la ley ambiental y el desarrollo sustentable es lograr un instrumento de coordinación entre los tres niveles de gobierno que garantice la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

En el primer Seminario Nacional de Sustentabilidad del Medio Ambiente y Marco Jurídico, organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), el Instituto de Ecología AC y el Congreso de Guerrero, estos diferentes actores sociales coincidieron en afirmar que el desarrollo económico del país debe tener como base el conocimiento científico y la educación.

Juan Pedro Laclette, coordinador general del FCCT, señaló que el desarrollo sustentable en México debe tener en cuenta dos componentes: la justicia social y el cuidado del medio ambiente.

Expresó asimismo que la educación es estratégica para la sustentabilidad ambiental, así como el desarrollo de una ley con dientes, capaz de hacerse obedecer. Vamos por una fiscalía ambiental, para que, cuando alguien transgreda la ley, sufra las consecuencias.

La coordinadora del Departamento de Derecho Ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, María del Carmen Carmona Lara, sostuvo que la falta de coordinación entre los tres poderes es un obstáculo para el desarrollo sustentable. Los convenios entre federación y municipios no se cumplen y no pasa nada.

Agregó que el tema de la sustentabilidad es prácticamente inexistente en la agenda de los partidos y que tampoco existe una cultura del litigio en el país.

El concepto de sustentabilidad es que no maten a la gallina de los huevos de oro. Lo que nos da la naturaleza es gratis. Entonces, no se pueden desarrollar programas a mediano plazo, tienen que hacerse para hoy y evitar mayor destrucción, dijo.

Édgar González, presidente del Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, se refirió al artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el cual se promueve la educación ambiental en los diferentes niveles de gobierno, pero no es suficiente. La ley no puede quedarse en simples recomendaciones, debe tener mayores alcances, aseveró.

Florentino Cruz, diputado local por Convergencia, se comprometió a establecer redes de comunicación para reunir a los diputados y analizar la situación legislativa ambiental en las entidades federativas, con la finalidad de modernizar la normativa.

En Jalisco, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, insistió en la necesidad de que el Congreso de la Unión establezca partidas presupuestales fijas para el rubro de cambio climático, independientes de las que otorga el Ejecutivo, para atender requerimientos específicos de los estados y municipios.

Durante su participación en la inauguración de la Conferencia Nacional sobre el Cambio Climático, Legislación y Políticas, el funcionario dijo que es esencial el apoyo del Poder Legislativo para cumplir con las metas que México se planteó en los rubros de mitigación y adaptación al cambio climático.