El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil, afirmó que hay evidencia robusta, sólida y suficiente de actos intencionales e intervención dolosa de personas para afectar el suministro de energía eléctrica en la zona central del país.

Sin embargo, al preguntarle si el cúmulo de hechos de ese tipo afectan la gobernabilidad o son actos de subversión o terrorismo, matizó sus declaraciones y aseveró que se trata de actos aislados que no han tenido una magnitud generalizada.

En entrevista, el funcionario agregó que existen cerca de 400 denuncias promovidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se ha enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) pruebas de los incidentes.

Añadió que ese nivel de denuncias no corresponde a igual número de intervenciones dolosas en contra de la red eléctrica.

En ese mismo paquete, apuntó, hay casos por robo de materiales de cobre y de aluminio, así como afectaciones a los aislantes de porcelana de los postes para transmisión de energía.

El subsecretario evitó utilizar la palabra sabotaje, aunque respondió a pregunta expresa acerca de la presunta existencia de esta práctica que significa, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española: daño o deterioro que en las instalaciones, productos, etc., se hace como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos.

Roberto Gil fue cuidadoso en no señalar responsables, aunque aseguró que los causantes de estos actos intencionales han dejado rastros.

Hay evidencia que ha sido debidamente dictaminada por técnicos especializados en la materia; evidencia que demuestra para las condiciones de acceso, por el tipo de cortes, para los residuos carbónicos que se han encontrado (sic) que se trata de actos humanos en contra de los equipamientos y la energía eléctrica en el valle de México, dijo.

Aunque la presunta intervención dolosa ha ocurrido, según el gobierno, también en bóvedas de cables subterráneos de la capital del país, donde existe un flujo de energía de 23 mil voltios, el subsecretario señaló que la investigación determinará si los hechos fueron cometidos por electricistas u otro tipo de personal especializado.

El gobierno anunció ayer la creación del Centro de Atención y Reacción Inmediata (CARI) derivado de las interrupciones provocadas por actos intencionales que de manera creciente han tenido lugar en instalaciones eléctricas, señaló Gobernación en un comunicado.

Destacó que el CARI funcionará las 24 horas del día, teniendo como propósito prevenir cualquier tipo de acontecimientos que afecten el suministro, restablecer el mismo y, en su caso, investigar y perseguir los delitos que se deriven de conductas que atenten contra la red de energía eléctrica y sus equipamientos.

En el centro participarán funcionarios de la CFE, la PGR, la Policía Federal y Gobernación, y tendrá la concurrencia de los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal.

Sede secreta

No se ha informado dónde operará el CARI, aunque Gil aseveró que la nueva instancia no suplanta las funciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, porque el recién creado tendrá acciones operativas.

Agregó que el gobierno no participará en el debate generado por las posturas del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, y su opositor Alejandro Muñoz, quien declaró ayer que aquel ha organizado un grupo para realizar actos de sabotaje.