Por mayoría estrecha de un solo voto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) sancionó por primera vez a Televisa por la difusión de infomerciales –publicidad disfrazada de noticia– de la toma de protesta del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña. El organismo amonestó a los tres actores involucrados.

La determinación, sostuvieron los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática (PRD), debe sentar precedente para otros casos, como el de la campaña mediática del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Cerca de la medianoche del miércoles pasado, tras un debate de más de tres horas, se determinó la sanción por el informercial difundido en los noticiarios estelares de Televisa.

Sin embargo, se determinó rechazar la propuesta del consejero Benito Nacif de imponer una sanción económica.

Nacif consideraba, al igual que el consejero Alfredo Figueroa, que la gravedad de la falta no ameritaba sólo una amonestación.

Durante la sesión extraordinaria se determinó imponer una nueva multa a Televisión Azteca por no transmitir 2 mil 713 promocionales pautados para el proceso electoral de Oaxaca.

La decisión del IFE imputó responsabilidades a las dos repetidoras de esa televisora a nivel local –los canales 7 y 9–, y se les impuso una sanción conjunta de poco más de 12.6 millones de pesos. Ordenó, al mismo tiempo, la reposición de los promocionales en tiempos comerciales.

Al plantear su postura, el representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, demandó que éste sea un paso para definir los criterios de sanción respecto a los infomerciales que difunden las televisoras.

“Espero que ese mismo trato se dé a las quejas que se presenten, por ejemplo, a los infomerciales de Enrique Peña Nieto.”

El panista Agustín Castilla destacó que si bien el tema es polémico, justo es reconocer el esfuerzo que hace el instituto, a través de este proyecto, para sancionar el incumplimiento y para cerrar la puerta a la cultura de la simulación, a esos intentos permanentes de partidos, de candidatos, por darle la vuelta a la ley.

Los priístas Sebastián Lerdo de Tejada y Fernando Castro Trenti cuestionaron lo endeble de los argumentos con los que se les pretendía amonestar. El primero afirmó que sanciones como ésa fueron revocadas en su momento en los casos del ahora delegado de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, y la ex candidata perredista Ana Gabriela Guevara.

Señaló que existe una campaña del gobierno federal para difundir mensajes en los estados donde hay elecciones, con el fin de reivindicar como obra exclusivamente federal acciones que han sido conjuntas con las instancias locales.

Anunció que los priístas preparan una queja por el uso indebido de los tiempos oficiales en las entidades con comicios.

Más allá de los argumentos partidistas, el debate se mantuvo entre los dos grupos de consejeros que se pronunciaron en favor y en contra de sancionar a Televisa y al PRI.

Sin pronunciarse en torno al contenido de la presunta noticia, el consejero Marco Antonio Baños arremetió sólo contra los procedimientos seguidos por la secretaría ejecutiva, descalificando virtualmente el análisis presentado –a solicitud del IFE– por el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México Julio Juárez, por considerar que no está previsto en los preceptos legales este tipo de pruebas periciales.

Como él, Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez pusieron en duda el sustento del proyecto, y advirtieron que representaba un cambio de criterio respecto a casos similares anteriores.

En contrapartida, Figueroa recordó que este esquema ha sido recurrentemente utilizado para posicionar a servidores públicos de cara a procesos futuros, y eso tendrá consecuencias para esta autoridad.

Reconoció que la aplicación del artículo 134 constitucional –que regula la publicidad oficial, entre otros aspectos– ha enfrentado obstáculos, en alusión a criterios impuestos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las diferencias entre consejeros se reflejaron en una estrecha mayoría de cinco a cuatro por amonestar a los actores involucrados, pero una mayoría de siete a dos por no multarlos.