José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, respondió ayer los cuestionamientos que le formularon organizaciones no gubernamentales acerca de por qué el gobierno envió a la reserva el informe sobre tortura que elaboró la Organización de Naciones Unidas (ONU).

No hay una política de Estado de esconder los informes. Se presentó junto con un plan de acción para atender las recomendaciones, respondió.

Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, preguntó a Guevara Bermúdez: ¿por qué escondieron el informe de Tortura, que no dio a conocer el gobierno federal hasta que lo obligó el IFAI, porque la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos impugnó la decisión de mantenerlo en reserva por 12 años?

Guevara Bermúdez reviró: No hay políticas de esconder informes; no lo podríamos hacer con el IFAI. Se mantuvo en reserva para presentarlo con un plan de acción para atender las recomendaciones de la ONU.

Agniezka Racyznka, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, le dijo a Guevara: celebramos la publicación del informe: es un diagnóstico terrible, pero debe quedar claro que el gobierno lo hizo público porque se lo ordenó el IFAI, y fuimos las organizaciones civiles de la red las que empujamos esa decisión.

Abundó: hay que ser muy sinceros y poner el tema en la mesa; la respuesta oficial fue enviarlo a la reserva por 12 años, argumentando que era un tema de seguridad nacional. En ningún lugar dice que se mantuvo en reserva para elaborar un plan. Ojalá nos haga llegar ese plan, que no conocemos y no está en la página de Internet de la cancillería.

Racyznka insistió: “nos sorprende que sea la canciller quien haya dado a conocer un plan que, por cierto, tendría que haberlo hecho la Secretaría de Gobernación, con la participación de las organizaciones no  gubernamentales. Los llamo a hacer una reflexión de fondo. Seguimos documentando casos de violencia contra la mujer y más feminicidios”.

Guevara repitió: “no hay una política de ocultar los informes. Es muy importante que no quede la impresión de que se quiso ocultar el informe. Y yo paso el mensaje –de que les hagan llegar el plan de acción para atender las recomendaciones–”.

Guevara aprovechó para manifestar que “en el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla –ocurrida en Guerrero en la época de la denominada guerra sucia–, tenemos hasta diciembre para cumplirla. Y en el caso de la sentencia de la misma corte sobre el campo algodonero, tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, tenemos tres años para cumplirla”.

La legisladora Enoé Uranga  refirió que en la Cámara de Diputados la mayoría de los grupos parlamentarios está por aprobar el dictamen de la reforma en materia de derechos humanos que aprobó el Senado. No es una reforma de avanzada, pero estamos concientes de que mejora muchos aspectos en la materia.

La diputada Guadalupe Reyes  le dijo a Guevara: queremos que esté informada la Secretaría de Gobernación de que a finales de este mes va a ir otra caravana a San Juan Copala, y no queremos que haya problemas.