Miami, 13 de mayo. El derrame petrolero en el Golfo de México, por el que se han presentado hasta ahora unas 100 demandas contra las compañías responsables del accidente, amenaza los proyectos de exploración de crudo en las costas desde California hasta Alaska, de acuerdo con iniciativas de senadores, de regulaciones del gobierno de Estados Unidos y de grupos ambientalistas.

Los senadores de los estados de la costa oeste estadunidense –California, Oregon y Washington– presentaron este jueves un proyecto de ley para prohibir cualquier nuevo proyecto de perforación y prospección marítima en sus costas.

El texto es para asegurarse que no habrá jamás una perforación petrolera o gasífera en la costa oeste de nuestro país, dijo la senadora de California, Barbara Boxer. Una medida similar fue presentada la semana pasada en la Cámara de Representantes por el legislador californiano John Garamendi.

Los legisladores subrayaron que en 1981 se aprobó una moratoria de este tipo, que fue renovada cada año hasta 2008, cuando el presidente George W. Bush la dejó expirar. El riesgo de una marea negra es demasiado grande, dijo Boxer.

El 20 de abril British Petroleum (BP) perdió el control de la plataforma Deepwater Horizon luego de que explotó y dos días después se hundió, lo que causó la muerte de 11 trabajadores y provocó una gigantesca marea negra en el Golfo de México. Desde entonces, diariamente se vierten al mar unos 5 mil barriles de crudo (casi 800 mil litros), que afectan a 14 sectores ambientales y económicos de las costas de Misisipi, Florida, Luisiana y Alabama.

En duda, programa en el Ártico

Ante ese desastre, se ha puesto también en duda los planes de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell para explorar crudo a miles de kilómetros de distancia en el océano Ártico.

Reguladores estadunidenses, bajo crecientes críticas por la supervisión de la industria del petróleo, buscan nueva información sobre los planes de Shell en las aguas de la frontera de Alaska, y grupos ambientales tratan de bloquear una nueva perforación en la región.

Shell informó que aún planea perforar cinco pozos este año en Alaska, como parte de un ambicioso programa de años de preparación. Seguimos adelante, dijo el vocero Curtis Smith. Según esto, la compañía planea perforar cerca de 121 kilómetros mar adentro en el Chukchi Sea, la extensión de hielo entre Alaska y Siberia, y el mar de Beaufort, a varias millas de la costa norte de Alaska.

Shell ha invertido cerca de 3 mil 500 millones de dólares desde 2005 en su plan para convertir la plataforma continental externa explorada ligeramente de Alaska en una gran provincia productora de petróleo. Las cuencas tienen el potencial de poseer una cifra combinada de 24 millones de barriles de petróleo recuperable, de acuerdo con estimaciones del Departamento del Interior.

El Servicio de Manejo de Minerales (MMS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que meses atrás dio una aprobación preliminar a los planes de perforación de Shell en Alaska, ahora quiere que la compañía adopte medidas de seguridad adicionales en respuesta al accidente de la BP.

En tanto, las compañías relacionadas con el derrame de crudo en el Golfo de México enfrentan unas 100 demandas. El propio gobernador de Florida, Charlie Crist, reclamó a la petrolera BP 34 millones de dólares para una campaña publicitaria que contrarreste información sobre los efectos que el derrame tendrían en aguas y playas del estado y que afectan al turismo.

Las demandas ya han sido presentadas en toda la región del Golfo, y el desastre, que según los abogados se convertirá en la demanda colectiva más grande de la historia de Estados Unidos, involucra miles de millones de dólares. Esto no es sólo un desastre ambiental, esto es un desastre legal, dijo el fiscal general de Alabama, Troy King.

Las familias de los 11 empleados que murieron han presentado reclamos, y las personas que resultaron heridas también han recurrido a medidas legales. Las compañías enfrentan además demandas de pescadores, restaurantes, compañías de turismo y hoteles, entre otros.

Los estados de la costa del Golfo de México también podrían demandar, al igual que los municipios, por pérdida de impuestos, y las compañías navieras igual, si el tráfico hacia los grandes puertos o el río Misisipi se ve interrumpido.

La compañía ha dicho en reiteradas oportunidades que asume la responsabilidad del derrame de crudo y que pagará cualquier reclamo de daño legítimo. Así, la BP adoptó la inusual medida de pedir que la juez Lynn Hughes, de Houston, designada al estrado federal por el ex presidente Ronald Reagan, maneje la multimillonaria demanda que se avecina.

Las acciones de la trasnacional británica BP han caído desde el accidente, y han perdido cerca de 30 mil millones de dólares de su valor de mercado. Además, sólo el derrame le ha costado a la empresa 450 millones de dólares, hasta hoy.

Mientras, las autoridades de Estados Unidos y la BP expresaron su esperanza de tener bajo control el derrame petrolero el próximo fin de semana, en el segundo día en que la trasnacional renueva esfuerzos por detener el flujo con otro contenedor de acero.