Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron ayer su honda preocupación por la ley recientemente aprobada en el estado de Arizona, que afecta a las mino-rías, a indígenas y migrantes, sometiéndolos a un trato potencialmente discriminatorio.

Los expertos subrayaron: Diferimos acerca de los potenciales efectos que tendrán las recientes enmiendas a la ley de inmigración, relacionadas con las condiciones para la detención de las y los sospechosos de ser extranjeros ilegales.

De igual forma, expresaron su preocupación por “los estándares imprecisos y el lenguaje farragoso de la llamada ley Arizona, que plantea serias dudas acerca de la compatibilidad de la legislación con los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por Estados Unidos”.

Suscribieron la declaratoria los relatores especiales sobre Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante; el encargado de las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, Githu Muigai, y el responsable de la situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya. También, Farida Shaheed, experta independiente para derechos culturales; el relator especial sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muños, y Gay McDougall , especialista en minorías.

Los funcionarios mencionados reconocieron las prerrogativas de los estados para el control migratorio y para la adopción de las medidas apropiadas tendentes a proteger sus fronteras, pero resaltaron que estas acciones deben adoptarse de acuerdo con los principios fundamentales de no discriminación y trato humano digno.

Además, los estados están obligados no sólo a erradicar la discriminación por motivos de raza, sino también a promover un entorno social y político conducente al respeto de la diversidad étnica y cultural.

Por ello, instaron al estado de Arizona y al gobierno de Estados Unidos a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que la legislación sobre inmigración cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y a diseñar e implementar cualquier control migratorio con el debido respeto de los derechos de las personas, a nos ser discriminados y a tener acceso a su herencia cultural.

Manifestaron que los estados deben respetar y asegurar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción y no discriminarlas. Los estándares internacionales requieren que la detención se produzca sólo como medida excepcional, justificada, interpretada de forma restrictiva y proporcional a cada caso individual, y que dicho acto esté sujeto a la revisión judicial.

Hicieron notar que la ley de inmigración fue adoptada casi al mismo tiempo que se aprobaba la legislación que prohíbe los programas escolares de Arizona, que están diseñados fundamentalmente para alumnos de un grupo étnico en particular, o que aboguen por la solidaridad étnica en lugar del tratamiento de los escolares como individuos.

Los relatores de la ONU refirieron que la ley Arizona permite la intervención de los agentes de policía estatal con el fin de determinar el estatus migratorio de las personas, con base solamente en la sospecha razonable de que se encuentran en el país ilegalmente, así como arrestar a una persona sin orden judicial, si el agente dispone de una causa probada para creer que el individuo tiene un estatus ilegal.

Los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas criticaron el que esa ley convierta en delito el estar en el país ilegalmente, lo cual es penado con seis meses de cárcel, y que las personas indocumentadas sean halladas culpables de haber entrado sin autorización.

Advirtieron que esa enmienda se dirige específicamente a los jornaleros, tipificando como delito el que soliciten un trabajo, y que cualquier persona que los contrate o intente hacerlo estaría incurriendo en otro delito. Destacaron finalmente que una ley, y una actitud así, casan mal con la responsabilidad de los estados de respetar el derecho de cada persona a acceder a su propia herencia cultural y lingüística.