Acapulco, Gro., 12 de mayo. El Centro de Derechos Humanos La Montaña-Tlachinollan entregó un escrito firmado por integrantes de los bienes comunales de Cacahuatepec, quienes demandaron anular las convocatorias del 6 y 18 de abril y la asamblea del día 28 de ese mes, realizada en la comunidad La Concepción, donde se aprobó la construcción de la presa La Parota.

Los ejidatarios también solicitaron medidas cautelares para impedir cualquier trabajo de ocupación previa de los bienes comunales de Cacahuatepec o trámites de expropiación por causa de utilidad pública hasta que el juicio de nulidad se resuelva.

En representación de los labriegos, el asesor jurídico de La Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, acompañado por unos 50 miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), entregaron el documento de 40 hojas al Tribunal Unitario Agrario con sede en Acapulco.

Según el litigante, la convocatoria y la asamblea violaron la ley agraria, entre otras razones porque se cambió sin justificación alguna la sede de la reunión, que debió efectuarse en la comisaría de bienes comunales de Cacahutapec. Además, se convocó sólo con ocho días de anticipación, cuando debió ser un mes antes.

Rogelio Téliz aseguró que el día de la asamblea en que se aprobó la presa se impidió la presencia de la mayoría de los comuneros. Hubo retenes con más de 600 policías que impedían a los comuneros llegar a la asamblea y votar, sostuvo.