l gobierno de Barack Obama, en un comunicado emitido ayer, dio a conocer una estrategia equilibrada de combate a las drogas, mediante la cual busca, en los próximos cinco años, abatir en 15 por ciento el uso de estupefacientes y disminuir en 10 por ciento las muertes asociadas a esa causa. Entre otras medidas, la propuesta plantea incrementar las operaciones conjuntas con países que producen y distribuyen sustancias ilícitas; fortalecer las alianzas entre las policías federal, estatales y locales; involucrar al sector médico en la detección de problemas de adicciones y expandir su tratamiento de los centros especializados a las instalaciones regulares de salud. Asimismo, el documento referido admite que la producción se está convirtiendo progresivamente en un problema interno en Estados Unidos y señala que el enorme monto de dinero que genera el narcotráfico alimenta el envío de armas a México.

El posicionamiento tiene elementos positivos, como que Washington siga admitiendo la cuota de responsabilidad que corresponde al vecino país del norte en el desarrollo del narcotráfico y de la descontrolada violencia que azota al territorio mexicano, y reconozca las múltiples dimensiones de dicha problemática.

No obstante, la estrategia presentada ayer por la administración Obama resulta tardía e insuficiente, en primer lugar porque no ataca el componente central del negocio de las drogas: la prohibición. Al respecto, es pertinente recordar que el narcotráfico –y los fenómenos indeseables que conlleva, como la violencia y la corrupción de autoridades e instituciones– no se origina en el consumo de dichas sustancias, sino en su carácter ilegal: el gran negocio de los cárteles consiste, justamente, en burlar la prohibición, y esa circunstancia es la que eleva el precio de las sustancias sicotrópicas muy por encima de sus costos de producción y otorga vastos márgenes de ganancia para las organizaciones delictivas.

El propio gobierno estadunidense cuenta con un precedente ineludible en lo ocurrido durante la ley seca que estuvo vigente en ese país de 1919 a 1933: a consecuencia de la prohibición de la producción, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, en el territorio estadunidense florecieron mafias dedicadas a la fabricación, el contrabando y la comercialización de licores, cuyo enorme poder económico acabó por corromper parte de las instituciones de seguridad pública y de la clase política del vecino país.

Sin embargo, hoy no sería posible plantear la despenalización de las drogas –acción que tendría que ir acompañada de las correspondientes acciones gubernamentales en materia de prevención y control de las adicciones– sin antes analizar las posibles reacciones de las grandes organizaciones delictivas actualmente dedicadas al narco y sin ponderar las afectaciones económicas que generaría la ausencia de los miles de millones de dólares correspondientes a las ganancias de este negocio ilícito. En este punto resultan esclarecedores los cálculos elaborados por las consultorías de seguridad Kroll y Stratfor, que ubican en 40 mil millones de dólares el monto anual que ingresa a la economía mexicana por concepto de la venta ilegal de drogas.

Sin ignorar que los lineamientos enunciados ayer por el gobierno de Barack Obama representan un avance en el debate en torno a las drogas ilegales y su trasiego, resulta claro que no hay aún en Washington la voluntad política para encarar el problema de manera frontal y mediante una nueva concepción.

Pero al margen de ideologías y posturas morales, las propuestas de despenalización de las drogas han ido aflorando en la opinión internacional y es previsible que ganen adeptos, porque las estrategias basadas en la prohibición aplicadas durante medio siglo simplemente no han logrado eliminar, ni siquiera atenuar, el problema. Por el contrario, parece clara la vinculación causal entre el reforzamiento de la persecución policiaco-militar y el fortalecimiento de los estamentos criminales dedicados al narcotráfico.