El combate al crimen organizado, como guerra, lo inició Vicente Fox Quesada, quien puso en marcha en 2005 el Operativo México Seguro en estados como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Las acciones estuvieron básicamente a cargo de la Policía Federal Preventiva, mientras que el Ejército desplegó 37 mil 253 elementos en labores antidrogas; para 2006 sumaron 45 mil 85.

Al asumir la Presidencia, Felipe Calderón declaró la guerra al tráfico de drogas y, el 6 de diciembre de 2006, puso en marcha la Operación Conjunta Michoacán; el Ejército asumió prácticamente el control del combate al tráfico de estupefacientes. Este modelo se extendió posteriormente a 18 entidades.

Como complemento se anunció la formación de elementos policiacos federales, estatales y municipales, quienes sustituirían a los soldados en las labores de seguridad pública.

Sin embargo, para el año 2007 el número de militares en acciones anticrimen aumentó a 45 mil 723 y los marinos sumaron 2 mil 649; para este 2010 prácticamente la mitad de los 200 mil soldados y de los 50 mil marinos realizan labores relacionadas con el combate al crimen organizado.

A consecuencia del asesinato de 13 jóvenes estudiantes en Ciudad Juárez, el gobierno federal anunció una nueva etapa en su estrategia anticrimen, con el impulso de acciones encaminadas al desarrollo social para alejar a los adolescentes de las drogas, con la ampliación de la oferta educativa y de trabajo.

En marzo pasado, la plana mayor del gabinete de seguridad de Estados Unidos estuvo en México, lo que evidenció la preocupación de Washington por el incremento de la violencia en el país. En el encuentro, ambos gobiernos coincidieron en que la lucha contra el narcotráfico “ya no adoptaría exclusivamente el enfoque policiaco-militar, sino también se atendería el tema social.