Nueva York, 29 de abril. El liderazgo demócrata en el Senado puso a circular un boceto para una reforma migratoria integral que enfatiza primero el reforzamiento de la frontera y después el inicio de un largo y complejo proceso para encarrilar hacia la legalización a algunos de los más de 11 millones de indocumentados en este país.

Pero nadie, ni el presidente Barack Obama, se compromete a que esta iniciativa se convierta en ley este año, sino sólo a que se avanzará en la materia.

El propio mandatario, en comentarios a la prensa hechos en su avión presidencial el miércoles, reconoció: sé que podría no haber apetito de inmediato para entrar en otro tema controvertido en el Congreso este año, indicando así que el tema probablemente no estará en la agenda legislativa por ahora. Sin embargo, insistió en que por lo menos, tenemos que iniciar un proceso.

Con Arizona en el trasfondo y el incremento en la presión de sectores latinos sobre los demócratas, éstos intentan demostrar que responden, pero sin comprometerse a un resultado final este año.

Así, los senadores Charles Schumer, Robert Menéndez y Harry Reid (líder de la mayoría demócrata) proceden con la intención de elaborar un borrador de un proyecto de ley.

Lo que circulan ahora es sólo un boceto, que es más bien un marco, de los elementos que incluiría tal proyecto legislativo.

En él apuntan, al inicio, que antes de abordar qué hacer con los inmigrantes en Estados Unidos se debe cumplir una serie de metas para que las fronteras de Estados Unidos estén seguras.

Esos objetivos “se tienen que cumplir antes de que se actúe para ajustar la condición legal de la gente ya dentro de Estados Unidos ilegalmente”.

En busca de lograrlo, vuelven a más de lo mismo: más agentes de la Patrulla Fronteriza y del servicio de inmigración, más infraestructura, más recursos para fiscalizar a traficantes de drogas y de personas y mejorar la eficacia de los tribunales para agilizar las deportaciones.

Sí hay un cambio: proponen abandonar los proyectos de alta tecnología en la frontera (el llamado muro virtual) en favor de instrumentos más básicos para asistir a la Patrulla Fronteriza, sobre todo mediante una red de detectores de movimiento.

Una vez que todo eso se logre, proponen un mecanismo de dos fases para abordar el asunto de los indocumentados.

Para obtener la condición de residente permanente, los indocumentados serían obligados a registrarse y someterse a un proceso de verificación y de revisión de su historial legal.

Si son aprobados (serán descalificados si tienen historial criminal) pasarían a la segunda fase –la cual sólo se inicia ocho años después de que las autoridades superen la enorme acumulación actual de solicitudes de visas–, en la que deberán cumplir con otros requisitos, incluyendo el pago de impuestos y una multa.

Sin embargo, esto todavía es muy inicial, y no hay mucho de nuevo desde que Schumer y su colega republicano Lindsey Graham anunciaron un marco muy similar hace unas semanas.

Además Graham ya abandonó, por ahora, este esfuerzo, al oponerse a que el tema migratorio sea promovido de manera acelerada por los senadores demócratas.

A la vez, hay señales contradictorias tanto del senador Reid como del propio Obama, quienes de pronto anunciaron, ante la situación en Arizona, que una reforma migratoria sería prioridad para este año, sólo para retroceder al afirmar que será difícil concluir algo así, pero que están comprometidos a que el proceso avance hacia esa meta.

Al parecer, los demócratas desean tener dos cosas a la vez: afirmar públicamente que están comprometidos con impulsar una reforma migratoria e intentar así aplacar a los votantes latinos, mientras en privado dejan que corra el tiempo.

Por el lado republicano, la respuesta es tajante. No hay posibilidad de que (una reforma de) migración proceda por este Congreso, aseveró el líder de la minoría republicana de la cámara baja, John Boehner.

Pero algunos están más impacientes. Líderes migrantes y sus defensores demandan una reforma ya, señalando lo ocurrido en Arizona como consecuencia de la falta de acción federal de los políticos en Washington.

Esperan que este primero de mayo, con marchas programadas en unas 70 ciudades, logren convencer, si no asustar, a los políticos para que dejen de prometer y empiecen a hacer.