Organizaciones civiles en México, representantes de embajadas europeas –como la de España– e instancias defensoras de garantías acordaron difundir a escala internacional la condena por el ataque que sufrió una misión de observadores de derechos humanos en Oaxaca, cuando se dirigía a San Juan Copala, con el propósito de presionar al presidente Felipe Calderón a resolver el caso y adoptar medidas en la entidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al gobierno de Oaxaca que aplique medidas cautelares para que periodistas y activistas puedan desempeñar sus labores. Señaló que inició de oficio una queja, mientras visitadores adjuntos ya están en el lugar de la emboscada para recabar información.

Para la CNDH, el Estado mexicano no puede renunciar a su papel de garante del estado de derecho, debe investigar de manera efectiva los hechos de violencia y sancionar a los responsables, indicó en un comunicado.

Decenas de académicos de varias instituciones de educación superior (UNAM, Flacso, Uia, CIDE, INAH, UAM, ITAM, CIESAS) manifestaron su mayor repudio a los hechos ocurridos el martes pasado, porque “son intolerables en un estado de derecho.

Manifestamos nuestra máxima preocupación por el clima ascendente de violencia que predomina en la región, debido a la proliferación de grupos civiles armados, y exigimos que las autoridades responsables garanticen integridad plena a familiares, defensores de derechos humanos y sociedad civil que se encuentran en la zona.

Exigieron que se investigue a fondo y se sancione a los responsables, que se reparen los derechos violentados de las víctimas y se adopten medidas para acabar con la violencia, incluyendo el desarme de grupos armados, y que se abran canales de diálogo para disminuir la tensión en el área, respetando los derechos a la autonomía y libre determinación de pueblos y comunidades indígenas.

Representantes de grupos sociales, embajadas e instancias como la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, se reunieron ayer para determinar un plan a seguir en repudio a lo ocurrido y para exigir justicia.

Allí se informó que este viernes al mediodía habrá una movilización a la representación del gobierno de Oaxaca en la ciudad de México, y se acordó que las organizaciones se unifiquen para elaborar una estrategia común.

Amnistía Internacional se comprometió a tratar el ataque contra la caravana con autoridades federales.