La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica para endurecer las sanciones a las empresas que incurran en prácticas monopólicas. Sin embargo, no podrá llegar a ser ley, pues el Senado –donde se turnó la minuta– termina hoy sus sesiones ordinarias.

La mayoría de PRI, PAN y PRD aprobó el dictamen con 386 votos a favor, pero se rechazó una modificación propuesta por el perredista Ramón Jiménez López para que las multas consideren el total de ingresos de las compañías, incluidos los obtenidos por ventas en el extranjero.

La reforma define que cuando una empresa ejerza prácticas monopólicas que afecten a los consumidores, se le aplicará una multa por el equivalente a 10 por ciento de sus ingresos, excluyendo los obtenidos de una fuente ubicada en el extranjero, así como las gravables si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente para los efectos del ISR, y de no estar disponible se utilizará la base del cálculo correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

Al defender el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI), aseguró que esa medida permite constituir un marco regulatorio con elementos tremendamente disuasivos, con el propósito de que no se cometan prácticas anticompetitivas.

Incluso, sostuvo que se trata de la más trascendente reforma en materia económica aprobada por la 61 Legislatura, pero omitió realizar el extrañamiento, aprobado la noche del miércoles por la comisión, en contra del presidente Felipe Calderón, quien horas antes de que se discutiera el dictamen dijo que ya se había votado.

El dictamen incluyó una modificación propuesta en la anterior legislatura por la diputada Mónica Arriola (Panal) para definir acciones colectivas como medios para la tutela jurisdiccional de las empresas y los consumidores.

A lo largo de la última sesión del segundo periodo ordinario, la Cámara aprobó la minuta del Senado con reforma a la ley general de educación para que en la educación impartida por el sistema público, los organismos descentralizados y escuelas particulares se propicie la cultura de la legalidad, el ejercicio responsable de la sexualidad, la prevención del cambio climático y los elementos básicos de protección civil.

Sin embargo, rechazó la propuesta de hacer obligatoria la enseñanza de un segundo idioma, pues consideró que ello implicaría una nueva obligación del Estado para todos los estudiantes de educación prescolar y primaria.

También el pleno aprobó un dictamen presentado con las firmas de la mayoría del PRI y PRD de la comisión de salud para definir en la Constitución el derecho a la alimentación.

Los legisladores de ambas bancadas suscribieron el dictamen, luego de que una vez más el presidente de la comisión, Miguel Osuna Millán (PAN), argumentó estar enfermo para no convocar a la reunión de trabajo.

La Secretaría de Hacienda alertó a los diputados que la aplicación de ese derecho, que obligará a las empresas a establecer comedores para sus empleados, generará una disminución de 150 mil millones de pesos en la recaudación, por la deducción de los alimentos.

En la mañana, durante una reunión en la oficina del vicecoordinador perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, diputados de Nueva Izquierda y de distintos partidos se negaron a respaldar la posición de la vocera de la bancada, Leticia Quesada, para formar parte de la Comisión Permanente.

Legisladores asistentes a la reunión revelaron que Enoé Uranga cuestionó que la vocera perredista no cumple los acuerdos y que su protagonismo personal sólo favoreció las posiciones del PRI y PAN en el receso de enero-febrero.