La negativa del Senado a dictaminar la minuta aprobada por los diputados respecto de la llamada ley antiobesidad confirma la complicidad de los legisladores con los grandes corporaciones de comida chatarra, que tienen las puertas abiertas en las cooperativas o tiendas escolares, e inciden de manera directa en este grave problema de salud pública, señaló la organización El Poder del Consumidor.

Señaló que la mal llamada ley antiobesidad responde fundamentalmente a una estrategia implementada por la industria refresquera y la asociación empresarial ConMéxico –que agrupa a las principales compañías procesadoras de alimentos y bebidas–, que busca combatir la regulación que se pretende hacer de los alimentos y bebidas en las escuelas.

Diversas organizaciones civiles, entre ellas El Poder del Consumidor y la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, aseguraron que la iniciativa presentada por la diputada priísta María Cristina Díaz Salazar, y finalmente aprobada en esa instancia, tuvo como objetivo proteger a las empresas refresqueras y dirigir la responsabilidad de la epidemia de obesidad infantil hacia las secretarías de Educación Pública y de Salud, al plantear la obligatoriedad de hacer 30 minutos de ejercicio diario en las escuelas, algo imposible de realizar en las condiciones actuales.

Alejandro Calvillo, presidente de la agrupación El Poder del Consumidor, explicó que en realidad la minuta que propone la reforma a varios artículos de la Ley General de Salud no prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas, como falsamente se ha difundido en algunos medios.

La iniciativa señala que en materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, procurando que los alimentos expendidos en las escuelas tengan un mayor aporte nutrimental, evitando los alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples. La iniciativa no es clara en prohibir ese tipo de alimentos y deja a la autoridad la expedición de normas que procuren y eviten.

La parte empresarial, de ConMéxico en particular, suele presentar propuestas que no son viables, como esta que establece la obligación de 30 minutos de educación física diarios. Si la jornada escolar no se extiende, las cuatro horas de clases efectivas son insuficientes para cumplir esa obligación. Lo que sí logró fue redirigir la atención que estaba sobre la comida chatarra hacia la Secretaría de Educación Pública y el sindicato magisterial, dijo la asociación civil.