Amnistía Internacional (AI) llamó a las autoridades mexicanas a investigar de manera profunda e imparcial el ataque contra la misión internacional de observadores de derechos humanos que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.

Demandó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) porque las autoridades de Oaxaca, por varios años, han sido renuentes a indagar violaciones graves a los derechos humanos en el estado.

La PGR debe tomar medidas inmediatas para proteger a los afectados en el ataque y realizar una investigación completa e imparcial, expresó Guadalupe Marengo, directora adjunta de AI para las Américas.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó la emboscada y manifestó su preocupación por el clima de violencia que ha prevalecido en la zona triqui de Oaxaca, así como la proliferación de grupos civiles armados en la región, que operan sin control alguno de las autoridades estatales.

Expresó preocupación porque el ataque armado haya impactado negativamente en periodistas y activistas, coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información.

Le recordó al Estado mexicano que tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida e integridad personal frente a terceros, particularmente en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciado por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Otros organismos se manifestaron en el mismo sentido y exigieron al gobierno federal garantías para que los defensores de derechos humanos puedan cumplir con su labor en México.

Por otra parte, desde Barcelona, España, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos denunció que la violencia en la zona triqui de Oaxaca ha provocado durante años un sinfín de asesinatos nunca investigados ni sancionados que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad, a la cual se suma la agresión del pasado martes.

En México, diversas agrupaciones no gubernamentales, en tanto, hicieron circular una acción urgente por lo ocurrido. Al presidente Felipe Calderón le expresaron, en ese documento, que no valen justificaciones o deslindarse de la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos a la vida, integridad física y libre tránsito.

Centros de derechos humanos como el Bartolomé Carrasco Briseño, el Fray Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) pidieron al gobierno federal informe sobre lo realmente ocurrido, garantice la salida y atención de los heridos que se encuentran en el lugar de la emboscada, pronta reparación del daño y se actúe de manera inmediata para atender de fondo la violencia en la zona triqui.

También, que garantice la protección de defensores de derechos humanos y se asuma la responsabilidad por no aplicar los mecanismos adecuados cuando estos últimos se ven obligados a intervenir en situaciones de riesgo para cumplir con su labor. Denunciaron al gobierno de Oaxaca por su nula intervención para prevenir el ataque.