La Concepción, Acapulco, Gro., 28 de abril. Protegidos por una alambrada y más de 700 policías estatales y municipales, aproximadamente 600 comuneros del comisariado de bienes comunales de Cacahuatepec aprobaron en asamblea la construcción de la presa La Parota, solicitada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en medio de las protestas que, a unos 100 metros, efectuaban más de mil 500 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP).

Miembros del CECOP se enfrentaron a pedradas con unos 50 policías ministeriales y un grupo de choque formado por taxistas supuestamente traídos de Acapulco. Aunque no hubo lesionados, resultaron dañadas cinco patrullas de la corporación, además de dos camionetas pick-up y tres autos particulares, uno de un reportero.

Desde las siete de la mañana un helicóptero de la policía estatal sobrevoló cerros y lomas aledañas al lugar de la asamblea. El mayor Valentín Díaz Reyes, director de la policía investigadora ministerial (PIM), y el general Ramón Miguel Arreola, subsecretario de Prevención y Operación Policial, corrían de un lado a otro dando órdenes a los 400 agentes estatales, 250 municipales y 80 ministeriales que custodiaban la asamblea. Los uniformados traían pasamontañas y estaban armados con toletes, escudos y fusiles.

Dentro de la malla ciclónica y bajo una lona se instalaron un templete y 450 sillas que ocuparon pobladores de algunas de las 46 comunidades que resultarán afectadas con la construcción de la presa, mientras los taxistas de Acapulco desplegaban dos pancartas de apoyo a la obra.

A las ocho de la mañana empezó el registro de los asistentes ante personas que se negaron a decir de dónde venían, aunque se supuso que eran de la Procuraduría Agraria. Los policías controlaron el ingreso de los comuneros, a quienes revisaban minuciosamente.

A las 9:45, Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acompañado por dirigentes del CECOP, intentó convencer a Díaz Reyes, director de la PIM, de que permitiera el ingreso a los opositores. Denme cinco minutos. Voy a consultarlo y les traigo la respuesta, dijo, pero no volvió, lo que molestó a los disidentes.

A las órdenes del gobierno estatal

A las 10 de la mañana, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría general de Justicia del Estado ordenaron a Eustaquio García Vázquez, presidente de bienes comunales de Cacahuatepec, y Eudocio Miranda Casiano, secretario, dar inicio la asamblea e instalar el presídium, en el que estaban César Bajos Valverde, secretario particular del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y el notario público Antonio Nozari Morlet, entre otros.

Miranda Cansino dio lectura al orden del día y en el pase de lista afirmó: Tenemos a mil 200 comuneros registrados. Hay quórum, lo cual aprobó la gente, presionada por los policías estatales para que aplaudiera.

Tembloroso, pasó a los puntos centrales: llevar ante la Secretaría de la Reforma Agraria el trámite de expropiación, por causa de utilidad pública, del predio donde se construirá el embalse; la autorización y solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Social de la emisión del dictamen del cambio de uso de suelo, y la solicitud de la CFE para que la asamblea general de comuneros autorice la ocupación previa de una superficie de mil 383 hectáreas para destinarlas a la presa.

Desde su asiento, el notario público Antonio Nozari dijo a Eudocio que presentara los puntos a consideración de la asamblea, y éste obedeció: Compañeros, ¿están de acuerdo con estos tres puntos y con el proyecto hidroeléctrico La Parota? Ejidatarios y taxistas levantaron la mano. La asamblea general de comuneros aprueba el proyecto hidroeléctrico, remató el que formalmente dirigía la asamblea.

A las 10:30 horas, unos 10 policías vestidos de civil se llevaron a Eustaquio García y a Eudocio Miranda para evitar que hablaran con la prensa.

Vidulfo Rosales, asesor del CECOP, anunció que no reconocerían los acuerdos de esta asamblea, que de origen está viciada, con una convocatoria que es ilegal. Tenemos cuatro juicios que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 41 anuló, ya que las convocatorias se hicieron con la misma fundamentación jurídica y fueron anuladas en 2006.

Anunció que el 18 de abril la organización Tlachinollan impugnó ante el TUA la asamblea de hoy. Vamos a interponer mañana el juicio de nulidad y estamos seguros de que se anulará.

Resaltó que esta reunión se hizo en segunda convocatoria, lo que les habría permitido tomar el acuerdo con la gente que llegara, incluso con 30. Eso es ilegítimo porque no se puede aprobar con mayoría simple; tiene que ser 50 por ciento, es decir, deberían votar cerca de 5 mil comuneros.

Los integrantes del CECOP realizaron un mitin en el centro del poblado y regresaron a la comunidad de Aguacaliente.

Que quede claro: sólo muertos nos van a sacar de nuestras tierras, advirtió Felipe Flores, dirigente del CECOP.