La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este miércoles el dictamen en el que la ministra Olga Sánchez Cordero señala graves irregularidades en el proceso contra las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales, por lo que presentó un proyecto de sentencia que propone dejarlas en libertad.

El dictamen de Sánchez Cordero concluye que hay elementos suficientes (desde fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas en perjuicio de ambas indígenas) para revocar la sentencia del juzgado cuarto de distrito de procesos penales en Querétaro, que las condenó a 21 años de prisión luego de encontrarlas culpables de las acusaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Basta con que tres de los cinco ministros que integran la primera sala voten en favor de la propuesta de Sánchez Cordero para que durante la noche de hoy, o a más tardar en la madrugada del jueves, las dos mujeres sean excarceladas.

Teresa y Alberta fueron arrestadas en marzo de 2006, junto con Jacinta Francisco Marcial –quien ya fue liberada–, bajo cargos de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro.

En ese contexto, Ricardo Bucio, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), sostuvo ayer que casos como el de Alberta y Teresa son un ejemplo claro de que el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación no forman parte de la formación institucional del actual sistema de procuración de justicia del país.

Duarnte la firma de un convenio entre el Conapred y la SCJN, Bucio aseguró que a los ministros de la primera sala no les queda más que enmendarle la plana a la PGR y exonerar a ambas mujeres.

Entrevistado después del acto efectuado en las instalaciones de la Corte, Bucio puntualizó que es urgente que la Cámara de Diputados confirme la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada de manera reciente por el Senado, porque con las modificaciones normativas en esa materia mejorarían las posibilidades de protección y defensa de indígenas y de todas las personas.

Desde el Conapred nos parece especialmente importante que la SCJN atraiga casos cuyas sentencias puedan ser especialmente relevantes en el combate a la discriminación, manifestó.

Agregó que las resoluciones del alto tribunal constitucional tienen el alcance suficiente para modificar la legislación, las políticas y las acciones de los gobiernos y pueden ser palancas eficaces para la transformación de la cultura social y política en nuestro país.