cambio de una difusa promesa fechada para septiembre, el Senado aprobó ayer una versión aligerada de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que para efectos militares necesita el comandante Felipe Calderón. El garante de un ofrecimiento de impulsar imprecisos cambios al fuero militar es el mismo secretario de Gobernación que ya antes fue ridículo testigo de honor de luego incumplidos convenios de intercambio de votos legislativos hacendarios por abstenciones aliancísticas en el estado de Peña Nieto. Jusilen, votando a favor, y después virigüen qué dirá la iniciativa del parto de los montes castrenses en materia de fuero. Apruebe hoy y cobre después. Celebren hoy las adecuaciones generales cuya trampa está en la letra chiquita y las trampas sembradas por el experto en marrullerías llamado Jesús Murillo Karam, y laméntense en septiembre de que ya no esté en su cargo el secretario de Gobernación Gómez Mont y nada sepa el ocupante de Los Pinos de los ofrecimientos que hubiera hecho el muy autónomo GM, como sucedió con la farsa del desconocimiento que Calderón dijo tener de las andanzas firmadas de su subordinado de Bucareli y su líder partidista marca Patylú.

Subibaja de emociones jurídicas y políticas: el Ejército ya no estará indefinidamente en las calles, pero no se establece en algún artículo transitorio una fecha de regreso a los cuarteles; será regulada y acotada la declaración de estado de excepción o de suspensión de garantías individuales, aunque esa realidad ya está hoy en las calles sin necesidad de ningún trámite jurídico; poner a los soldados en acción ya no será decisión presidencial sino de Estado, con mecanismos legislativos federales y estatales de corresponsabilidad, pero Los Pinos mantiene mecanismos sin contrapeso para el manejo de esas fuerzas armadas; el Ejército no deberá reprimir movimientos sociales o protestas electorales, pero la guerra sucia está desatada e impunes los abusos, y los militares que cometan actos presumiblemente delictivos en ámbitos civiles podrán ser sometidos al fuero civil, pero no se establece categóricamente que deberán ser sometidos a esa jurisdicción, sino que se deja todo a la discrecionalidad, en espera de la iniciativa que Felipe dijo que enviaría días atrás y su secretario de gobernación transfirió a septiembre.

Astillas

Las delegaciones estatales de las secretarías federales han sido convertidas durante los desgobiernos panistas en negocio grupal, a veces a cambio de favores partidistas a la hora de elegir dirigentes y candidatos, y a veces como simples instancias de recaudación en efectivo y sin recibo cuyos montos son mafiosamente repartidos hacia arriba. Llama la atención, en ese contexto, el hallazgo de casi 7 millones de pesos en efectivo en la casa de quien fue delegada (directora) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Coahuila, Alejandrina Martínez Macías, quien fue muerta a puñaladas una semana atrás en su domicilio de Saltillo. Lo peculiar del caso no es solamente la existencia de ese dinero, cuyo origen oficialmente es desconocido, pero que tiene un inocultable tufo a corrupción, sino el hecho de que la funcionaria había sido presionada para dejar la plaza por parte de un compadre de Felipe Calderón, según denunció Alejandrina unos días antes de su asesinato. No dijo el nombre, pero en la política coahuilense sólo hay un máximo compadre pinolero, que es el senador Guillermo Anaya Llamas, a cuyo influjo se han producido en aquella entidad norteña toda suerte de infortunios, incluso relacionados con el narcotráfico. Para que el libreto de novela negra quede completo, la funcionaria ahora difunta tenía programada una cita con el gobernador priísta Humberto Moreira, a quien pretendía hacer revelaciones de la corrupción panista en la SCT. La guerra entre priístas y panistas tiene en aquella entidad el trasfondo de la pretensión de los hermanos Moreira de que uno de ellos, Rubén, quien es diputado federal, sea el sucesor de Humberto, el actual mandatario... En el entorno familiar del alumno de sicología de la UNAM Víctor Castro Santillán, asesinado en Nuevo León, se tiene la versión de que el crimen fue cometido por estudiantes de la misma carrera pertenecientes a la universidad autónoma de aquella entidad. El domingo pasado, en el velatorio del ISSSTE en Tlalpan, en la capital del país, el rector de la UNAM, José Narro, habría conocido esa información de parte de los padres del joven brutalmente asesinado, quien era un estudiante de altas calificaciones... La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ha frenado la pretensión de añadir a su denominación el nombre del gran represor de movimientos sociales y frívolo despilfarrador del erario llamado Adolfo López Mateos. En una maniobra de oportunismo político que buscaba promover los aires presidencialistas del actual gobernador, Enrique Peña Nieto, y del Grupo Atlacomulco, las autoridades de esa casa de estudios fingieron que la comunidad pedía agregar el nombre del ex presidente de la República de cuyo natalicio se cumplirán cien años en este 2010. Ante las protestas que esa iniciativa suscitó, la UAEM prefirió enfriar las cosas y anunciar que aún no se ha logrado el consenso para esos cambios. Tal vez en este lapso los integrantes de esa universidad lleguen a la conclusión de que sería más meritorio añadir, en todo caso, los nombres del líder agrarista Rubén Jaramillo, traicioneramente asesinado en el sexenio de ALM, o de Demetrio Vallejo, líder de ferrocarrileros encarcelados, despedidos de su trabajo y perseguidos por ejercer la libertad sindical... Y, mientras esta columna lerda sigue preguntándose si a la comida famosa llegó borracho el borracho, o ya estaba allí, ¡hasta mañana, con una caravana humanitaria agredida con disparos de arma de fuego cuando se dirigía a San Juan Copala, en la Mixteca de Oaxaca, para llevar ayuda y constatar agravios contra esa comunidad bajo acoso de organizaciones priístas y el gobierno de manos rojas de Ulises Ruiz!

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