Moscú, 27 de abril. Los diputados de la Duma rusa y de la Rada ucraniana ratificaron este martes el controvertido acuerdo que suscribieron la semana pasada los presidentes de estos países eslavos, Dimitri Medvediev y Viktor Yanukovich, respectivamente, para canjear gas natural barato por 25 años más de permanencia de la Armada de Rusia en la base naval de Sebastopol en Crimea.

La ratificación en Moscú, como era previsible, se convirtió en mero trámite por la abrumadora mayoría con que cuenta la bancada oficialista –más de dos tercios del total de 450 diputados–, a diferencia de la tumultuosa sesión parlamentaria que enfrentó en Kiev a partidarios y enemigos del pacto.

Tras una batalla campal por tomar la tribuna –que incluyó lanzamiento de huevos, forcejeos, golpes e insultos, sin faltar varias bombas de humo que redujeron casi a cero la visibilidad y ahondaron el caos en el recinto–, los legisladores del Partido de las Regiones, del presidente Yanukovich, y sus aliados coyunturales, aprobaron por la vía rápida el acuerdo con Rusia.

Sin abrir debate, por otro lado imposible en las condiciones de crispación que había en la Rada, 236 diputados –diez más del mínimo requerido– votaron en favor de que la Flota del Mar Negro rusa se quede en la base naval de Sevastapol hasta 2042, con la posibilidad de ampliar la estancia hasta 2047, a cambio de que Rusia venda a Ucrania durante diez años gas natural 30 por ciento debajo de su precio de mercado.

Este acuerdo supone un ahorro para Kiev –o si se prefiere, pérdidas para Moscú– de 40 mil millones de dólares, pero incluso el propio mandatario ucraniano, en reciente conferencia de prensa, reveló que no tuvo otra opción que aceptar las condiciones impuestas por el Kremlin al renegociar un precio más favorable para el combustible.

Yanukovich llegó a decir que Rusia quería que Ucrania le cediera un importante paquete de acciones del sistema de gasoductos que cruzan su territorio y se utilizan en los suministros de gas ruso a sus clientes en Europa, pretensión que rechazó como innegociable.

Para la oposición, el pragmatismo de Yanukovich, que defendió con el argumento de que sin rebaja en el precio del gas ruso no se podría evitar el colapso de la economía del país, no es sino una traición a los intereses nacionales de Ucrania y una imperdonable cesión de soberanía.

La ratificación por la Rada, sin embargo, no es suficiente para considerar irreversible el documento firmado por Yanukovich y Medvediev. El presidente de Ucrania asumió compromisos que no sólo agravan la fractura que separa cada vez más a la mitad de la población que los apoya con la otra mitad que los impugna, sino –lo que es peor, si cabe– violan la Constitución de ese país.

Con estricto apego a derecho, para considerar válidos los entendimientos alcanzados por Yanukovich con su colega ruso, los diputados de la Rada, antes de ratificarlos, tendrían que haber modificado el artículo 17 constitucional.

Según éste, en consonancia con la neutralidad proclamada por Ucrania como país al margen de bloques militares, se prohíbe la presencia de fuerzas armadas extranjeras en su territorio, después del periodo de transición que se acordó al desintegrarse la Unión Soviética y que debe terminar en 2017, el año en que vence el actual contrato de arrendamiento de la base naval rusa en Sebastopol.

Y modificar post factum el artículo 17 tampoco parece viable. Cualquier enmienda a la Carta Magna de Ucrania requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional y, en el dudoso supuesto de que fuera favorable a derogar la prohibición de albergar en su territorio tropas extranjeras, carecería de validez sin los votos de dos tercios de los diputados de la Rada, que de ninguna manera pueden reunir los oficialistas.