Legisladores, obispos, intelectuales, especialistas, representantes de organizaciones no gubernamentales e indígenas demandaron el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Sostuvieron que a pesar de la reforma de 2001 que llevó a la Constitución los derechos indígenas, siguen sin poder gozar de todas las garantías, son discriminados, excluídos, explotados, despojados de sus recursos y territorios; no se les hace justicia y carecen de educación y salud.

Los obispos Raúl Vera y Felipe Arizmendi; el sacerdote Miguel Concha Malo; los intelectuales Rodolfo Stavenhagen y José del Val Blanco; los indígenas Adelfo Regino, Abundio Marcos y Valentín de Rosa; el investigador Emilio Álvarez Icaza, así como el ex ministro y diputado Juventino Castro y Castro, entre otros, advirtieron que el Estado debe reconocerles su derecho a la libre determinación y autonomía, porque los pueblos indígenas no quieren constituir otro Estado, sino ser considerados iguales.

Al participar ayer en el Senado, en el foro Los acuerdos de San Andrés, asignatura pendiente, organizado por la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, Juventino Castro y Castro sostuvo: muchos creen que la reforma constitucional de 2001, que llevó al artículo segundo de la Carta Magna los derechos indígenas, es una continuidad de los acuerdos de San Andrés. No hay tal: se parecen, pero esa sigue siendo la asignatura pendiente.

Artículo fallido

Por tal motivo, apremió a retomar las ideas de San Andrés Larráinzar. El concepto de libre determinación no es equivalente a autonomía. La libre determinación es un principio de igualdad, esto es fundamental. El segundo constitucional es un artículo fallido; hace creer que se está compensando a los pueblos que pueden nombrar autoridades, que tienen privilegios, pero la ley no se cumplió, por eso hay que revivir los acuerdos de San Andrés.

Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, resaltó: se debe reconocer el derecho colectivo de los pueblos indígenas con su derecho a la libre autodeterminación. Recuerdo que cuando discutíamos este concepto, un sector del gobierno nos decía que los indígenas querían establecer otro país. Nada más falso: quieren libre autodeterminación para participar en la decisión de su desarrollo.

Del Val Blanco, director del Programa Universitario Nación Multicultural de la UNAM, insistió en que los acuerdos de San Andrés siguen siendo una asignatura pendiente, diría yo que es una materia reprobada. Ésta es la tercera legislación que enfrenta el reto. Subrayó que lo que ocurre es que hay desconocimiento de lo que significan autonomía y libre autodeterminación.

Exigió que se reforme la Ley de Consulta Indígena, porque aún quedan enormes territorios en las poblaciones nativas, y si no se actúa pronto los pueden despojar, como ha estado ocurriendo constantemente. Hay inversionistas extranjeros y trasnacionales que los despojan de su territorio y saquean sus recursos naturales. Hay que legislar pronto en la materia para frenar esta situación.

El obispo Felipe Arizmendi reclamó: los 12 millones de indígenas siguen padeciendo ataques a su identidad, no se les hace justicia, no se les consulta para construir obras en sus tierras, no tienen escuelas ni servicios de salud; hay que retomar los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

En tanto, su homólogo de Saltillo, Raúl Vera, manifestó: desde el primer día de las negociaciones después del estallido del primero de enero de 1994, el Comité Clandestino y la Comandancia General, así como los grupos que representaban a los zapatistas nos instruyeron: díganle al gobierno que no queremos cosas, queremos nuestro lugar en este país.

Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que la reforma al artículo segundo constitucional está basada en una visión que a nivel discursivo habla de la autonomía de los pueblos indígenas dentro del Estado nacional, aunque a nivel operativo la considera como algo que atenta contra la soberanía.