Organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y miembros de la academia exhortaron a la Cámara de Diputados a aprobar en este periodo ordinario de sesiones la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

En un pronunciamiento suscrito por 11 organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, así como los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, se recuerda que en marzo pasado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano aprobar la reforma constitucional en la materia en un plazo razonable.

El texto, entregado a la junta directiva de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a todos los coordinadores parlamentarios, señala que el proyecto de reforma constitucional que hoy está en San Lázaro retoma muchas propuestas que ha impulsado con decisión un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil, junto con especialistas en el tema y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por ejemplo, la incorporación a la Carta Magna de los derechos contenidos en los tratados internacionales en la materia, la regulación del estado de emergencia y la protección explícita de los derechos que por ninguna circunstancia pueden ser suspendidos.

Se contempla el reconocimiento del derecho de audiencia en la expulsión de extranjeros, la centralidad de los derechos humanos en la educación, el sistema penitenciario y la política exterior, así como el derecho de toda persona a solicitar y recibir asilo en caso de persecución, entre otras.

Las organizaciones demandan a los legisladores sensibilidad y compromiso para cumplir con las más altas expectativas de los mexicanos de vivir en un país en que se pueda gozar de los más altos estándares de respeto, promoción y protección de sus derechos.

El documento entregado a la Cámara de Diputados, según expresaron las mismas organizaciones, tuvo un total de 123 adhesiones, incluidas seis organizaciones internacionales de derechos humanos, 82 de la sociedad civil y 34 académicos.