La aprobación de la Ley de Seguridad Nacional se pospuso anoche, luego de que el presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Jesús Murillo Karam, presentó un proyecto alterno de dictamen en el que se elimina la facultad del Senado de avalar el envío temporal del Ejército a alguna entidad o región para coadyuvar en el combate al crimen organizado.

Asimismo, deja al Ejecutivo decidir qué autoridad será la responsable de coordinar los operativos contra el narcotráfico, si la civil o la castrense, y mantiene en la indefinición lo relativo al fuero militar.

Antes de ese encuentro de comisiones dictaminadoras, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, informó que están en espera de la iniciativa del presidente Felipe Calderón para modificar el Código de Justicia Militar, a fin de que los miembros del Ejército que cometan violaciones graves de derechos humanos sean juzgados en tribunales del fuero común.

La reforma dará cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es independiente de la Ley de Seguridad Nacional, recalcó.

Los integrantes de la bancada panista comerán hoy en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón y, según comentó el senador Ramón Galindo, esperan tratar con el Ejecutivo detalles de esa iniciativa del fuero militar.

Sin embargo, tanto en el dictamen sobre esa legislación, que ayer se discutió en las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Segunda, como en el proyecto alterno de Murillo Karam, se aborda de manera indirecta el controvertido tema del fuero militar vía el artículo 72.

En el primer documento se establece que “en las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente… las conductas que sus miembros realicen y pudieran ser constitutivas de delito, serán juzgadas por la jurisdicción competente”, redacción que a juicio de priístas y perredistas es ambigua. En el proyecto alterno de Murillo Karam se propone que las conductas de los integrantes de la fuerza armada permanente, que pudieran ser constitutivas de delito, serán juzgadas en los términos de la legislación vigente y las resoluciones emitidas por los órganos internacionales que sean vinculatorias para el Estado mexicano.

Cuando los legisladores discutían –sin lograr consenso– el artículo 69 del proyecto de dictamen sobre el requerimiento de la opinión de la Cámara de Senadores sobre la procedencia y oportunidad de la declaratoria de una afectación a la seguridad interior, a fin de que el Ejecutivo pueda disponer de la fuerza armada permanente, Murillo Karam leyó rápidamente parte de su propuesta alterna.

Reaccionan PAN y PRD

En la misma, elimina toda intervención del Senado, lo que fue rechazado por panistas y perredistas. Santiago Creel Miranda argumentó que se está ante la gran oportunidad de que el órgano legislativo garantice la rendición de cuentas.

Por su parte, el perredista Tomás Torres advirtió que ese dictamen alterno debía ser analizado por los grupos parlamentarios, ya que en el mismo Murillo Karam retoma conceptos del decreto presidencial del 9 de mayo de 2007, en el que Calderón crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, bajo las órdenes del Presidente de la República.

Hizo notar que, en su dictamen alterno, el priísta alude indistintamente a la fuerza armada permanente y a fuerzas federales de auxilio.

Al respecto, el senador independiente René Arce comentó que no está claro en ninguno de los dos proyectos de dictamen que el Ejército o la fuerza armada permanente estará sujeta a la autoridad civil.

Finalmente, a propuesta del senador Murillo Karam, las comisiones dictaminadoras se declararon en sesión permanente y reanudarán trabajos hoy por la tarde, luego de consultar ambos proyectos de dictamen con las bancadas.