Amnistía Internacional (AI) demandó al gobierno mexicano la inmediata e incondicional liberación del preso de conciencia Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), en Guerrero, detenido el 17 de abril de 2008 acusado de un homicidio que no cometió.

En el segundo aniversario de la detención del líder indígena, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó que las autoridades guerrerenses actúen en el caso con imparcialidad, celeridad y conforme a los estándares internacionales.

Las autoridades mexicanas, en particular en Guerrero, están usando indebidamente el sistema de justicia para silenciar a los críticos y frenar el activismo local. Hernández está preso desde hace dos años por un delito que no cometió; ya es hora de que lo liberen, aseguró Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

AI consideró que las acusaciones contra el activista en realidad son una represalia por sus actividades de defensa de los derechos de su comunidad y por exponer los abusos de un cacique y de las autoridades del municipio de Ayutla de los Libres. Hernández fue detenido el 17 de abril de 2008 junto con otros cuatro compañeros, aunque éstos ya fueron liberados.

Ante la falta de evidencias para responsabilizarlo del asesinato de Alejandro Feliciano García –a quien la OPIM identificó como informante del Ejército– el 11 de noviembre de 2008, AI declaró a Hernández preso de conciencia.

De acuerdo con Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la única evidencia contra el activista provino de dos testimonios casi idénticos y de una declaración basada en rumores. Además, durante el juicio se ignoró una prueba que demostraba que el acusado no se encontraba presente en el momento del asesinato.

Su prolongada detención es muestra emblemática e inequívoca de la situación de los defensores de derechos humanos en Guerrero, que requiere una atención prioritaria de los distintos órdenes de gobierno.

AI –que este sábado realizará actividades en varias ciudades del país para demandar la libertad de Hernández– pudo hablar con el detenido, quien señaló: Estoy preso porque soy defensor de derechos humanos y exijo mejores condiciones de vida para las comunidades indígenas.

Para la OACNUDH este es un caso emblemático que muestra algunos de los retos que enfrentan los defensores de derechos humanos ante el sistema de justicia, particularmente los indígenas.