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Adolfo Pérez Esquivel y Madres de Plaza de Mayo acompañan a familiares de víctimas

Entablan en Argentina demanda judicial contra crímenes de la dictadura franquista

El Nobel de la Paz condena la ley española de amnistía; nada puede crearse sobre el olvido

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Inés García Holgado y Darío Rivas, familiares de fusilados por el régimen franquista, durante la presentación de la demanda para investigar y castigar a responsables de los crímenes de la dictadura en España (1939-1975). Los acompaña Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de MayoFoto Reuters
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 21

Buenos Aires , 14 de abril. Amparados en la jurisdicción universal que rige para los crímenes de lesa humanidad los familiares de dos víctimas (fusilados) de la dictadura de Francisco Franco en España entablaron aquí una demanda judicial contra el genocidio en ese país.

A los 90 años, el español Darío Rivas, es uno de los demandantes cuyo padre, Severino Rivas, fue alcalde de Castro de Rei (Lugo), y fusilado en 1936. Su cuerpo fue encontrado e identificado en 2005, en una fosa común, después de una larga y solitaria lucha de familiares.

El otro caso fue presentado por la argentina Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando era también alcalde y diputado en Salamanca. En 1936 fue encarcelado por el franquismo y fusilado un año después.

Esta presentación fue acompañada por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y diversos organismos de derechos humanos aquí, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo.

En España aún se vive como en los 40 años de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Hay en cierto modo un silencio cómplice. El camino de la concordia y de la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido, sostuvo Darío Rivas en un escrito leído por su sobrina, Ana Campos Veiga.

Ellos son los precursores en esta primera demanda ante un tribunal argentino para que se aplique la justicia universal, como un espejo de lo sucedido en España e Italia, cuando jueces de esos países abrieron causas e investigaron los crímenes de lesa humanidad sucedidos durante las dictaduras de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990).

Fue la salida que encontraron los desesperados familiares de ambos países cuando la impunidad se había instalado en el caso argentino por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-87), que volvieron atrás lo avanzado en los históricos juicios de 1985 a las juntas militares que gobernaron el país. A esto sucedieron los indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem 1989-90, para los jefes de las juntas militares que eran los únicos detenidos y condenados.

La denuncia de las víctimas de España fue interpuesta en el juzgado federal de la juez María Servini de Cubría, y los principales medios españoles cubrieron la noticia aquí.

Olvidar el pasado es cometer una injusticia con las víctimas de la represión, con las generaciones futuras. La búsqueda de justicia histórica, por dolorosa que sea (...), no sólo es importante para España sino que tiene ramificaciones para toda Europa, señala el documento leído en la conferencia de hoy.

Pérez Esquivel dijo a La Jornada que esto abre una ventana, una luz de esperanza a las miles de víctimas del franquismo y ayuda a romper viejos silencios y complicidades.

Sostuvo también que cada paso es un avance para la humanidad en tiempos en que se intentan otros genocidios y estamos viendo el retorno de las torturas, el símbolo del terror como en Guantánamo y tantos otros lugares y amenazas temibles para la justicia en el mundo.

Dijo estar dispuesto a luchar junto a otros organismos para que finalmente se juzguen los delitos terribles cometidos por la dictadura franquista. Condenó la ley de amnistía de 1977 en ese país como otra ley de impunidad. Nada puede crearse sobre el olvido. Nada puede crearse sobre la impunidad, sobre crímenes y criminales de lesa humanidad. No se puede vivir sobre esas historias como si nada hubiera sucedido.

La querella se realiza por delitos de “homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y demás delitos que resulten de la investigación, cometidos en España en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas desde las del 16 de febrero de 1936. Hubo gran emoción entre familiares y organismos de derechos human que acompañaron esta primera demanda interpuesta aquí.