Puerto Príncipe, 13 de abril. Este martes la Cámara de Senadores haitiana empezó a debatir una iniciativa de ley del presidente René Préval para modificar los términos legales del estado de emergencia, que le permitirá extender por 18 meses –siete meses mas allá de su propio mandato presidencial– los poderes plenipotenciarios de la Comisión Interina de Reconstrucción Nacional (CIRN).

La nueva ley, aprobada el 8 de abril en la Cámara de Diputados (43 votos a favor por 5 en contra, éstos de la opositora Alternativa Patriótica para el Progreso y la Democracia), permitirá a la CIRN manejar –sin rendir cuentas al Poder Legislativo– las multimillonarias sumas de dólares de ayuda acordadas el pasado 30 de marzo por la Conferencia de Donantes reunida en Nueva York. En total para Haití, 9.9 millones de dólares. En particular para los 18 meses adicionales del periodo extraordinario de excepción, 5.3 millones de dólares. Toda esta cantidad, directa a un fondo cuya gestión nadie podrá objetar, ni revisar siquiera.

La comisión interina –que empezó a trabajar a los primeros días después del terremoto bajo un árbol de mango en el patio de un cuartel de la Policía Judicial, enmedio del caos generalizado– se ha convertido, a tres meses del cataclismo, en un corporativo trasnacional que funciona en el secreto absoluto. Tiene una dirección conjunta, presidida por el primer ministro Jean Max Bellerive, en representación del propio Préval, y por el ex presidente estadunidense Bill Clinton.

Según la Constitución, Préval –electo en mayo de 2006– concluye su periodo presidencial de cinco años en abril de 2011. Aunque él mismo ha asegurado que pase lo que pase dejará el poder en el término constitucional, en la práctica pretende seguir al frente de la CIRN hasta que concluya el plazo de 18 meses del periodo de emergencia. Es decir, continuará al frente de una especie de periodo de excepción, dotado de suprapoderes siete meses después de haber concluido su gestión como mandatario. Un buen lapso para recibir y gestionar sin vigilancia mucho, mucho dinero.

Hasta ahora Préval no ha adelantado algún proyecto concreto para la realización de elecciones presidenciales, previstas en el caldendario electoral pre-terremoto para el mes de noviembre de 2010.

La república, cerrada por derribo

En suma, la república de Haití, que a duras penas reconstruyó su sistema democrático después del periodo de las dictaduras duvalieristas (1960-1986) y la debacle aristidista de la década de los noventa, dará un paso sin precedente en la cesión de facultades soberanas. A pesar de su larga y penosa historia del siglo 20, en la que se sucedieron protectorados estadunidenses que protegieron dictadores y quitaron y pusieron gobernantes a su conveniencia en el Palacio Nacional –hoy cerrado por derribo, como diría el cantautor madrileño Joaquín Sabina– la clase política haitiana revive los viejos tiempos, cuando el presidente en turno se dotaba a sí mismo de poderes excepcionales.

Según alerta un artículo de la agencia haitiana Alter Press, que distribuye Radio Kiskeya, la nueva ley de emergencia signada por la rúbrica Préval-Clinton (y todo el entramado de negocios de las concesionarias privadas que están detrás de estos dos apellidos) permitirá por primera vez legalmente que personajes y entidades extranjeras –en este caso el ex presidente demócrata de Estados Unidos como cabeza de un grupo que también incluye al ex jefe de la Casa Blanca republicano George Bush– intervengan directamente en la cosa pública.

El proyecto de ley del Estado de emergencia enfrenta la negativa en bloque de la oposición que cuenta en la cámara alta con 13 votos de los 43 escaños. Lejos de abrir consultas y negociaciones, Préval ha intensificado en las últimas horas el cabildeo entre sus aliados y algunos posibles detractores del bloque disidente. En total, en el Legislativo tienen representación al menos 19 partidos políticos.

Los opositores, reunidos en la Alternativa Patriótica para el Progreso y la Democracia, declararon en un documento que la iniciativa de Préval es un caso muy raro en el que un Estado demanda a la comunidad de naciones que le sea amputada parte de su soberanía, en la etapa post sismo. En la primera expresión política en la que los opositores rompen filas con Préval –de quien de por sí eran muy críticos antes del 12 de enero, pero a quien arroparon durante los últimos tres meses en atención a la fragilidad del Estado como consecuencia del terremoto– los firmantes acusan al actual gobierno de quererse dotar de poderes excepcionales, como en los viejos tiempos de la dictadura. Destacan además que ampliar el estado de excepción para gestionar la salida de la crisis no es necesario: “Esta ley no tiene razón de ser –argumentan– ya que la ley actual cuenta con todas las herramientas legales para hacer frente a la emergencia”.