El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, reveló a los coordinadores de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia en el Senado de la República: Ya tengo resistencias de generales a participar en el combate al narcotráfico, porque carecemos de protección.

Al comparecer junto con los funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad Nacional ante los legisladores, Galván señaló, sin embargo, que se requiere la permanencia del Ejército en las calles para combatir el tráfico de drogas, por lo menos 10 años. “A pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables.”

También, el titular de la Secretaría de la Defensa aseveró ante los senadores su disposición para limitar el fuero de guerra, condicionado a que no se relajen la disciplina y la obediencia castrenses, y dijo que acatarán la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual exigió que los militares que violen las garantías sean sancionados por tribunales civiles; incluso anunció que el instituto armado elabora una iniciativa de reformas a dicho fuero.

Asimismo, los secretarios Galván Galván y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamaron al Congreso a dar al Gabinete de Seguridad Nacional instrumentos jurídicos para atacar el corazón del poder del crimen organizado, es decir, poder mermar su poderío económico por medio de investigaciones en el sector financiero a través de las casas de bolsa para combatir el lavado de dinero.

Durante este segundo encuentro entre el gabinete de seguridad y los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, trascendió que Galván Galván reconoció que ha habido fallas en la estrategia de combate al crimen organizado e insistió en que el Ejército Mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en esta lucha.

 En conferencia de prensa, los senadores Gustavo Madero, Carlos Navarrete y Santiago Creel comunicaron que el Senado manifestó preocupación por la muerte de civiles en esta lucha y expusimos que se requiere disminuir o eliminar estas muertes. Los funcionarios respondieron que la estrategia funciona. Ante reclamos de que sólo se detiene a miembros de un cártel, respondieron que no se puede pactar con ningún grupo delictivo.

Aseguraron que hay detenidos de todos los cárteles y reconocieron que existen costos muy importantes, especialmente hacia la sociedad civil, pero que se tiene que continuar con la estrategia de poder a poder.

El senador Arturo Escobar, del Partido Verde, subrayó que en las respuestas los funcionarios advirtieron que no va a ser suficiente poder ganar esta batalla si no nos dotan de instrumentos adicionales, especialmente en temas de inteligencia, reformas para el lavado de dinero y especialmente necesitamos la colaboración en materia de tráfico de armas desde Estados Unidos.

Ante esta realidad, aseveró el legislador, hay un reconocimiento de que todavía somos laxos, especialmente en temas de aduanas y en el fortalecimiento a través de tecnología. Entendimos los senadores que no hay que dar un paso atrás, pero sí consideramos que la estrategia hoy como está requiere de mayores instrumentos adicionales para dotar al Estado, a las fuerzas armadas y a la fuerza policiaca de instrumentos que nos lleven a la percepción de que estamos ganando la batalla.

El gabinete de seguridad entregó a los senadores un informe en el que resalta que en lo que va del sexenio han muerto en ejecución 20 mil 868 personas; en enfrentamientos mil 715, y en agresión 160. Los estados en los que más se vive esta situación son: Chihuahua, con 6 mil 757; Sinaloa, 3 mil 133; Guerrero, mil 826; Baja California, mil 644, y Michoacán, con mil 394.

Los cinco municipios más violentos del país, en el periodo enero-marzo, fueron: Ciudad Juárez, 620 muertos; Culiacán, 193; Tijuana, 153; Chihuahua, 130; Gómez Palacio, 87. En total van mil 183 muertos en el lapso referido.

El informe resalta que hay 97 detenciones relevantes de los cárteles del Pacífico, Beltrán Leyva, del Golfo, La Familia michoacana, de los Arellano Félix, del cártel de Juárez, de Los Zetas, Los Valencia y la organización del Chapo Guzmán.

A este encuentro asistieron, por el gabinete de seguridad, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Sedena, Guillermo Galván Galván; Seguridad Pública, Genaro García Luna; Marina, Mariano Francisco Saynez, y el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez.

Por la Junta de Coordinación Política del Senado estuvieron los coordinadores del PAN, Gustavo Madero; PRI, Manlio Fabio Beltrones; PRD, Carlos Navarrete; PVEM, Arturo Escobar; Convergencia, Luis Maldonado, y del PT, Ricardo Monreal Ávila.

También asistieron los senadores Santiago Creel Miranda, Humberto Aguilar, Melquiades Morales, Jorge Mendoza, Felipe González y René Arce.

Cártel del Golfo utiliza sicarios de La Familia

Alfredo Méndez

El cártel del Golfo fortaleció sus filas mediante la utilización de sicarios de La Familia michoacana en su lucha contra el grupo delictivo Los Zetas, con quienes la primera agrupación disputa el control territorial del estado de Tamaulipas, reveló este lunes Ramón Pequeño García, jefe de la división antidrogas de la Policía Federal (PF).

En conferencia de prensa matutina en la que el funcionario federal dio a conocer la detención de tres presuntos integrantes de La Familia –entre ellos un líder de ese cártel en el estado de Guanajuato, apodado El Borrego–, Pequeño García también informó que el cacique guerrerense Rogaciano Alba Álvarez fue quien puso en contacto al grupo criminal michoacano con los actuales dirigentes del cártel del Golfo.

El jefe policiaco no hizo mención sobre si la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya tomó declaración a Rogaciano Alba, actualmente sujeto a arraigo y a quien las autoridades capitalinas investigan como presunto autor intelectual de la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido.

Lázaro Cárdenas, puerto disputado

A decir del encargado del combate a las drogas de la Policía Federal, La Familia, liderada por Nazario Moreno González, El Chayo, aporta grupos de choque en apoyo al cártel del Golfo para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas, agrupación que hasta 2009 fue el brazo armado de la segunda organización, que encabezó el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén.

“Gran número de integrantes de La Familia michoacana están desplegados en las diversas plazas controladas por el cártel del Golfo en Tamaulipas, mismas que disputan a Los Zetas”, destacó Pequeño García.

“Es importante mencionar que la organización La Familia proporciona su apoyo al cártel del Golfo por la rivalidad entre ese grupo michoacano y Los Zetas, pugna que se acrecentó cuando disputaron el control del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y sus reiterados intentos por retomar el control de territorio de influencia de La Familia”, agregó.

La conferencia de prensa ofrecida por el jefe policiaco se llevó a cabo en el centro de mando de la Policía Federal ubicado en la delegación Iztapalapa, y fue convocada para presentar a los medios de comunicación a José Manuel Cuevas Arias, presunto jefe de La Familia en ocho municipios del estado de Guanajuato, quien fue detenido por elementos de la Policía Federal junto con dos de sus cómplices, identificados como Rafael Rosales Cuevas, El Aguacate, y Luis Alberto Farías Ruiz, La Lore, ambos presuntos jefes de células de sicarios del narco en Morelia, Michoacán, y Celaya, Guanajuato, respectivamente.

Pequeño García explicó que Farías Ruiz fue quien informó a la Policía Federal sobre el acuerdo existente entre el cártel del Golfo y La Familia michoacana, que tiene como objetivo aportar grupos de choque a la organización criminal que dirigiera el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén.

El funcionario federal indicó que El Borrego se encargaba de controlar el narcomenudeo, las extorsiones y el asesinato de integrantes de grupos rivales en Celaya, Cortázar, Manuel Doblado, Villagrán, Juventino Rosas, Salvatierra, San Diego de la Unión y Salamanca, todos municipios guanajuatenses.

Finalmente se informó que a los tres individuos, quienes serán puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), les fueron aseguradas cinco armas de fuego, así como una granada de fragmentación y 239 cartuchos útiles.