l Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) es un asunto que nos coloca de un nuevo modo como ciudadanos, es decir, como personas en nuestra relación con el Estado.

El Renaut está justificado política y administrativamente en tres documentos. El primero es el Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, de la Secretaría de Gobernación, publicado el 25 de agosto de 2008. El segundo es el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones del 9 de febrero de 2009. Y el tercero es el que contiene las reglas del Renaut, expedidas por la Cofetel el 15 de mayo de 2009.

El sólo título del primer documento listado indica su relevancia, y el hecho de que sea necesario proponerlo muestra súbitamente la debilidad de la estructura social que padecemos. Ahí se establecen una amplia serie de compromisos asociados, precisamente, con la seguridad, la justicia y la legalidad. Fija las metas que se deben cumplir en cada caso y hasta la fecha de su cumplimiento.

No es muy claro cuáles son los términos generales de la gestión hasta hoy de tal acuerdo y el grado de alcance de las obligaciones que ahí se establecieron. Más transparencia al respecto sería un elemento muy útil para su propia legitimidad entre la gente.

En todo caso, la intención de la propuesta es cosa seria, dice a la letra: El acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad, ya que son planteados, entre otros objetivos, desarrollar y complementar el marco normativo en materia de seguridad pública, depurar las policías de los tres órdenes de gobierno y fortalecer los mecanismos de información e inteligencia. Parte fundamental de este acuerdo es que la sociedad civil será la que supervise y vigile el cumplimiento de los compromisos establecidos.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones propone: Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas.

Este es el origen del Renaut y el compromiso del gobierno fue promover el instrumento para aplicarlo en seis meses. Las reglas tienen como objeto: establecer la forma en que los proveedores de servicios llevarán el registro de usuarios de telefonía móvil, incluyendo la actualización de sus datos personales, así como los registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios del servicio de telefonía móvil.

Hay varios aspectos destacables de este asunto entre muchos otros. La motivación política asentada en la seguridad, justicia y legalidad debería ser una motivación necesaria y, tal vez, hasta suficiente para que los usuarios de teléfonos móviles cumplieran con las disposiciones del Renaut. Pero no fue así, pues a punto del vencimiento del plazo para el registro alrededor de una tercera parte no lo había hecho.

Se puso a prueba la capacidad de exigencia de las disposiciones del gobierno en cuanto a administrar el proceso de registro y alcanzar mejores resultados. Sólo mediante la evidencia de que se cumpliría con la suspensión del servicio el 10 de abril a los usuarios no registrados, se precipitó su acción. Esta es la forma de ejercer la ley, es decir, imponiéndola, pero no la más eficiente en este caso. Además, el gobierno tuvo que poner en cintura a la empresa Telefónica que había anunciado su intención de no cumplir con dicha suspensión de sus abonados.

El incentivo de la mayor seguridad ofrecida por el Estado, y una de cuyas herramientas es el Renaut, no funcionó. Parece que pudo más el fastidio de que suspendieran las líneas. Ese, me parece, es un tema que amerita alguna atención. Tiene que ver con la desconfianza prevaleciente.

¿Es que no se cree en lo que dice y hace el gobierno para hacer cumplir una ley? O bien, ¿no se presentó con suficiente claridad y, por lo tanto con un alto grado de credibilidad, la motivación y la eficacia de tal medida para reforzar la seguridad? O, ¿es que de plano la gente no tiene confianza en la autoridad cuando se trata de registrarlos a partir de un instrumento de uso privado como el teléfono celular?

Una movilización de este tamaño que involucra 83 millones de líneas telefónicas y para aportar una serie de datos que no para todos son muy simples, es una empresa mayor en términos de administración. Habrá que hacer el balance en ese terreno. Y, en particular, como ha apuntado el Consejo Ciudadano del Distrito Federal, habrá que comprobar la veracidad de la información recabada.

Finalmente, no vaya a ser que el Renaut se convierta en un instrumento que en lugar de acrecentar la seguridad ponga en mayor riesgo a las personas y las empresas. El objetivo explícito de fortalecimiento institucional del acuerdo señalado al principio debe ser presentado de modo claro y transparente a los ciudadanos y cuanto antes mejor. No se olvide que se establece que serán los ciudadanos quienes supervisen y vigilen los compromisos del acuerdo. Y eso, ¿cómo será?