Del dictamen de la ley general antisecuestro se suprimió la palabra cadena perpetua, incluida en la iniciativa del presidente Felipe Calderón en la materia, pero en los hechos persiste esa pena, ya que se acumulan sanciones, por lo que los plagiarios podrán ser condenados a 130 años o más en la cárcel.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, declaró la semana pasada que se habían eliminado del dictamen propuestas controvertidas, como la cadena perpetua para secuestradores, planteada por el Ejecutivo, pero en realidad no es así.

En el proyecto de dictamen que circula entre senadores se incluye un capítulo sobre sanciones aplicadas en su grado más intenso de severidad, además de que el juzgado podrá individualizar las penas por cometer plagio, según las circunstancias, quién lo perpetre y, en su caso, las lesiones que sufra la víctima.

Así, en el artículo 10 de la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro se establece prisión de 15 a 50 años a quien obtenga un rescate o cualquier otro beneficio económico al cometer un plagio.

La pena se eleva de 20 a 60 años si la víctima es menor de 16 años o mayor de 60, o si se trata de una embarazada.

Se establece también prisión de 25 a 70 años si el secuestrador es o ha sido integrante de las fuerzas armadas o de alguna institución de seguridad pública, si usa insignias, vehículos o equipos semejantes a las de uso oficial de ese tipo de dependencias.

Igual sanción sufrirá quien lesione, mutile o extraiga órganos a la víctima, si la asesinan o si ésta fallece por enfermedad mientras permanece privada de la libertad.

En ese mismo artículo se señala que las sanciones se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos. Es decir, habrá acumulación de sentencias, por lo que si un secuestrador asesina a la víctima y ésta es menor de edad, corresponden penas máximas de 60 y 70 años, las que se sumarían y se convertirían en cadena perpetua.

Senadores priístas y perredistas que analizan el proyecto de dictamen coinciden en que instaurar en los hechos la cadena perpetua infringe disposiciones constitucionales contrarias a penas desorbitadas, además de que endurecer las sanciones no basta para frenar los secuestros, porque el problema principal es la impunidad con que actúan las bandas de plagiarios.

Lo anterior fue un criterio constante durante los foros previos que llevó a cabo la Comisión de Justicia, en los que participaron juristas, académicos y especialistas, entre ellos Miguel Carbonell, catedrático e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien enumeró seis problemas en la reforma propuesta por Felipe Calderón.

Citó la cadena perpetua o vitalicia, que además de estar prohibida en la Constitución, no es eficaz, toda vez que cifras oficiales y datos estadísticos demuestran que el problema del secuestro, y en general de los delitos en México, no es de cuantía de penas, sino de impunidad.

González Alcocer sostuvo que se integrarían las propuestas principales contenidas en las 15 iniciativas sobre secuestro, pero en realidad la base fue la de Calderón, que casi quedó en sus términos, porque sólo se modificaron algunos de los artículos cuestionados por Carbonell, entre ellos el 29, que ordena a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones entregar datos personales de los usuarios a los agentes del Ministerio Público, lo que el académico consideró riesgoso, pues el crimen organizado se ha infiltrado en esa instancia.