escasas horas de que concluya el plazo para el registro de teléfonos móviles, vía Renaut, algunos empresarios –nacionales y foráneos– muestran su felicidad ante la ingrata perspectiva de perder multimillonarios ingresos por la decisión de alrededor de 29 millones de usuarios (algo así como 34.5 por ciento del total) de no darse de alta en tan atractiva cuan segura base de datos y correr el riesgo de que su línea sea cancelada.

De acuerdo con la estadística de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Cofetel, al cierre de enero pasado existían 84.1 millones de usuarios de telefonía móvil en el país (en realidad de líneas, porque un usuario puede tener varios aparatos), es decir, alrededor de 600 mil más con respecto a diciembre de 2009. De ese total (que, es de suponer, habrá crecido de febrero a la fecha) oficialmente se han registrado (8 de abril de 2010) cerca de 55 millones (según el nada confiable contador que aparece en el portal electrónico de la dependencia), de tal suerte que la autoridad estaría obligada a cancelar algo así como 29 millones de líneas, cada una de las cuales, en promedio, generaría ingresos para los susodichos empresarios por 160 pesos diarios (70 por ciento de ellos para el consorcio de Carlos Slim).

Así, de no modificarse la tendencia de altas en el Renaut, la perspectiva para los magnates de la telefonía móvil en el país se traduce en una pérdida anualizada cercana a 60 mil millones de pesos, o si se prefiere por allí de 4 mil 500 millones de dólares, de los que alrededor de 42 mil millones dejarían de ingresar a la de por sí gruesa chequera del hombre más rico del planeta. Ese sería, en números cerrados, el balance negativo para los empresarios de los celulares, producto de una decisión de autoridad que busca el control de los usuarios y no su beneficio por medio de tarifas más bajas y acordes a la tendencia internacional.

Para que lo anterior no suceda y los empresarios celulares mantengan sus multimillonarios ingresos, en las últimas 48 horas (según el plazo establecido y considerando las nada confiables cifras del contador de la Cofetel) deberían registrarse o darse de alta algo así como 604 mil usuarios por hora, es decir, 10 mil 70 por minuto o, si se prefiere, 168 por segundo. Lo más seguro es que la Comisión infle las cifras finales para mostrarse vincitora de la afrenta y demostrar que la confiabilidad de la autoridad es innegable.

Sin embargo, por mucha celebración de la Cofetel, y las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, las cifras reales del Renaut las tendrán a la mano los empresarios de telefonía celular, es decir, quienes deberán enfrentar la multimillonaria caída real de ingresos, toda vez que la siempre atinada autoridad ya dijo que para toda aquel que no entre al aro la suspensión del servicio telefónico está garantizada, sin más. Así, en perspectiva, millones recurrirían a las señales de humo para comunicarse, o al simple cuan generalizado truco de comprar chips piratas vía Internet o en el mercado más cercano a su corazón.

El de la telefonía móvil se ha convertido en uno de los negocios más suculentos, concentrados y de mayor crecimiento en el país: de 1990 a enero de 2010, el número de líneas se incrementó la friolera de 130 mil por ciento, de 64 mil a 84.1 millones, que representan utilidades netas superiores a 15 mil millones de dólares anuales. Nada ha hecho la autoridad para evitar la concentración del mercado, controlar a los voraces empresarios de este sector ni para aligerar la pesadísima carga a los usuarios (abultadas tarifas y comisiones que por mucho rebasan los estándares internacionales), pero muestra las garras de papel y se aferra a cosas como el Renaut para demostrar, aunque sea con cifras por demás cuestionables, que está vigilante y atenta a los intereses ciudadanos.

Habrá que esperar las cifras oficiales definitivas, pero de cualquier forma la cuestión central con el susodicho registro es lo que en este espacio se planteó días atrás: ¿quién garantiza a la ciudadanía que la información personal por ella aportada no terminará en una comercializadora, en un banco, en una aseguradora, en una empresa que vende cualquier cantidad de mugres, en un partido político o en una banda de secuestradores o extorsionadores? ¿Quién, que los usuarios no serán bombardeados telefónicamente por todos tipo de negocios y sus productos innovadores o, lo que no sería raro, en el listado electoral de los partidos políticos, o en el directorio de defraudadores, extorsionadores o secuestradores? ¿La autoridad, desde donde se trafica con bases de datos (por ejemplo el Registro Nacional de Vehículos, Renave, o el padrón electoral del IFE)?

Las rebanadas del pastel

De la lectoría al borde de un ataque de nervios, por falta de pago salarial: “somos trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), mejor conocido como las prepas del DF. Estamos bajo el régimen de honorarios. En lo que va del año hemos tenido retrasos en nuestros pagos hasta de cinco días (el pago de febrero lo recibimos el 5 de marzo). Este mes es la fecha (7 de abril) que no hemos recibido nuestro pago correspondiente a marzo. Nos indica el personal de Finanzas que los cheques y el presupuesto están autorizados desde antes de que acabara marzo, pero que no ha recibido autorización para liberar el pago. Hemos preguntado en Recursos Humanos y se niegan a darnos información del porqué en el retraso del pago, y tampoco dan fecha de pago. Aunado a esto, va a haber un recorte de salarios, el cual no nos fue informado con tiempo, para lo cual nosotros ya trabajamos un mes sin contratos y sin ser advertidos de que va a haber dicho recorte al salario para el mes ya trabajado. De hecho, nos dan a firmar el contrato el mismo día que cobramos, de modo que no tenemos ninguna certeza de cuál será el monto a cobrar para el próximo mes, porque de manera unilateral realizan los recortes. En 2009 nos redujeron el salario en alrededor de 40 por ciento de lo que obteníamos a principios de año. A ellos parece importarles poco que tengamos deudas que pagar, familia que alimentar e incluso pasajes para poder ir a trabajar, o ¿acaso ellos nos darán para pagar los intereses y comisiones por no pagar a tiempo las deudas que tenemos?” (por obvias razones se reservan los nombres).

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