En medio de la controversia entre los diputados del PAN, PRD y PT, el presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, el panista Javier Corral, presentó la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales que pretende normar la participación del Estado, los derechos y obligaciones de los concesionarios y fortalecer la democracia participativa en el país.

Corral dio a conocer los motivos de la iniciativa que impulsa junto al vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano (PRD), entre los que destacan incentivar la competencia y abrir el mercado a nuevos operadores; definir que las telecomunicaciones son un servicio público de interés general y crear un órgano regulador dependiente de la SCT que vele por el interés del público.

Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro, y no por la responsabilidad social. La incapacidad de atender la diversidad ha llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta, refirió.

Transparencia en concesiones

La iniciativa del PAN, PRD y Convergencia fomentaría la transparencia en las concesiones del espectro radioeléctrico y crearía el registro público de telecomunicaciones y el registro de usuarios; incentivaría la participación social a través de la creación de un consejo consultivo; regularía la inversión extranjera a un máximo de 25 por ciento, y abatiría el actual porcentaje, que a veces llega a más de 90 por ciento.

También reconocería en las concesiones para uso social a los medios de comunicación comunitarios; regularía la interconexión entre prestadores de servicios; terminaría con el redondeo en las tarifas de comunicación celular y consideraría los contenidos de la radio y la televisión como instrumentos necesarios para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

La iniciativa, que hasta ayer era respaldada por más de 200 diputados, incluso algunos del PRI, estimularía la producción nacional con la transmisión de 50 por ciento de contenidos elaborados en el país, y al menos 20 por ciento del total deberá ser contratada a productores independientes.