La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer a trámite la petición del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, para determinar si investiga la presunta violación grave de garantías individuales con motivo del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, cometido el 24 de mayo de 1993.

El asunto fue turnado al ministro Juan N. Silva Meza para que éste presente ante el pleno un dictamen sobre la solicitud de que el máximo tribunal determine el trámite a seguir en este asunto en el que la jerarquía católica ha insistido en descalificar la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) de que la muerte del cardenal y seis personas más en el aeropuerto Miguel Hidalgo, de Guadalajara, Jalisco, se debió a una confusión.

Asunto trascendental

El gobernador jalisciense demanda que el máximo tribunal ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional y nombre alguno o algunos de sus ministros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designe uno o varios comisionados especiales, para que averigüen la verdad de los hechos que consideramos constituyen una grave violación a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución y a los derechos humanos, señala el documento con el que el presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, dio trámite a la solicitud.

Con el número 305/2010, el acuerdo de Ortiz Mayagoitia señala que el gobernador pretende que la Corte se pronuncie respecto de los acontecimientos suscitados el 24 de mayo de 1993, fecha en que fue privado de la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más, ya que el asunto es trascendental y por su importancia se requiere que el pleno de ministros emita una opinión.

Llama la atención que la solicitud está firmada por González Márquez, así como por José Antonio Guzmán Pérez Peláez y José Antonio Ortega Sánchez, quienes se ostentan como representantes legales de Angelina Ramírez Tafolla, esposa del chofer del cardenal (el conductor también murió acribillado ese día).

Desde el momento en que el entonces titular de la PGR, Jorge Carpizo McGregor, afirmó que el asesinato del prelado ocurrió porque sicarios de los hermanos Arellano Félix lo confundieron con Joaquín Guzmán Loera El Chapo, parte de la jerarquía católica descalificó la versión.

Particularmente, lo hizo el sucesor de Posadas, Juan Sandoval Íñiguez, quien junto con Guzmán Pérez Peláez y Ortega Sánchez formó parte del llamado Grupo Jalisco, el cual logró que incluso la PGR reabriera en dos ocasiones (2000 y 2008) las averiguaciones para tratar de desvirtuar la teoría de la confusión.

Sin embargo, la PGR, después de analizar todas las líneas de averiguación propuestas por Sandoval y los representantes legales de la esposa del chofer, llegó a la conclusión de que la hipótesis esgrimida desde un inicio por Carpizo es la única válida.

Guzmán Pérez Peláez es secretario de Gobierno de Jalisco, y Ortega Sánchez esta la nómina del gobierno estatal –así lo reconoció González Márquez en junio de 2007– con salario mensual de 50 mil pesos por su labor como coadyuvante en el caso Posadas.

Imagínate que en Jalisco, por ahorrarse 50 mil pesos al mes, quedara impune el asesinato de un dignatario eclesiástico de cualquier religión. Imagínate que el criterio fuera: vamos a ahorrar 50 mil pesos, y que Dios perdone al que asesinó al cardenal y al que ordenó su muerte. Vale la pena, sostuvo entonces González Márquez.

El secretario de Gobierno y Ortega Sánchez reciben recursos y viáticos del gobierno jalisciense para sufragar los viajes que forman parte de la indagatoria que realizan. Uno de esos desplazamientos tuvo un costo para el erario estatal de 91 mil 325 pesos, según un reporte oficial publicado en 2007.

No hay plazo para que el ministro Silva Meza elabore el proyecto y lo presente ante el pleno, pero fuentes judiciales comentaron que si se considera que el asunto no tiene que ver con la violación grave de garantías individuales, la elaboración de su dictamen llevaría semanas.