Doce funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) –cuatro subdirectores de área y ocho jefes de departamento– denunciaron políticas laborales y salariales discriminatorias a escala federal, en particular en esa dependencia. En Bucareli, aseguraron, persisten las prácticas irregulares en favor de amigos de altos mandos.

En una carta entregada a la Presidencia de la República y en entrevista con La Jornada, lamentaron que se privilegie con aumentos constantes y sustanciales a otros servidores públicos, como militares y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras a los mandos medios de la burocracia federal no se les ha otorgado ni un peso en 10 años. (Ello) podrá ser legal, pero no justo y mucho menos ético, consideran.

No es que estemos en contra de que otros sectores o Poderes de la Unión sean beneficiados en sus ingresos. Qué bueno que así sea. En lo que no estamos de acuerdo es que dichos incrementos salariales sean selectivos y, por tanto, discriminatorios, señalan en la misiva, de la que este diario tiene copia.

Los servidores públicos inconformes pertenecen a la Subsecretaría de Gobierno de la SG; tienen a su cargo la atención de conflictos considerados de alto riesgo: agrarios, sociales y religiosos, entre otros. En 2006 estuvieron al frente del caso Oaxaca, e incluso en otro episodio fueron retenidos por ejidatarios de Michoacán.

Pese a las situaciones peligrosas que tienen que enfrentar, los denunciantes (mandos medios de la Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales de Gobernación) acusan un rezago salarial no sólo a escala federal, sino en otras áreas de la subsecretaría.

Por ejemplo, en la Unidad de Enlace con Entidades Federativas, servidores con el mismo nivel y funciones idénticas ganan hasta ocho mil pesos más al mes (de 28 a 20 mil pesos, respectivamente), aun cuando se encuentran en el mismo rango nominal.

En cada cambio (de titulares en Gobernación) llegan cuadrillas de amigos y padrinos, a quienes les autorizan sueldos superiores. Nosotros nada más los vemos pasar (aumentos salariales). Hay situaciones irregulares y una forma soberbia y arrogante de tratar al personal. La paciencia se nos agotó y también la ingenuidad, señaló uno de los funcionarios inconformes, quien cuenta con estudios de maestría y 20 años de antigüedad en la dependencia.

Este diario solicitó de manera reiterada a Gobernación sus comentarios sobre la denuncia, pero no obtuvo respuesta.

Ya hubo una queja similar en la dependencia por empleados de base (La Jornada, 27/7/09), aunque en esa ocasión fue anónima por temor a represalias.

Ahora los servidores públicos ofrecen nombres y firmas, con todo el riesgo que ello implica.

Ambos grupos –de base y funcionarios– mencionaron en su momento a la directora administrativa de la Subsecretaría de Gobierno, Corina del Valle Ríos, como responsable no sólo del excesivo burocratismo que ha impuesto en el área (perdemos mucho tiempo hasta para que nos autoricen viáticos, vehículos o teléfonos celulares, indispensables para ir al lugar de los conflictos), sino de actuar con prepotencia con sus subordinados.

El año pasado, trabajadores de base ofrecieron pruebas sobre la contratación de aviadores (personas que están en la nómina pero no laboran) y filtración de requisitos y exámenes para obtener una plaza. Incluso afirmaron verbalmente que la funcionaria ocupaba empleados adscritos a la subsecretaría para que le hicieran labores en su casa.

También aseveraron que Del Valle, puesta en ese cargo por el entonces subsecretario Abraham González, ha sido muy estricta con ellos en el uso de materiales, pero imprimió en equipos de la dependencia papelería para la boda de su jefe, el subsecretario que regresó a Jalisco a continuar con su carrera política.

Ocho meses después es pública la queja –respecto del trato discriminatorio– de quienes consideran derecho legítimo puntualizar irregularidades y exigir que se cumpla el precepto constitucional de a trabajo igual corresponderá salario igual.

Piden además que haya una valoración legal y justa cuando se trate de ocupar vacantes.

Por ello, dijo en entrevista Maximino Sesmas Gómez, subdirector de área en la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la SG, llevamos nuestra petición al más alto nivel. Consideró que es injusto que en dos años no se les haya girado al menos una respuesta precisa, ya sea aceptando o rechazando la solicitud.

Ese desprecio ha sido constante en la gestión de los más recientes titulares de Gobernación: Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño y Fernando Gómez Mont, periodos en los que ha transitado igual número de subsecretarios de Gobierno: Abraham González, Gerónimo Gutiérrez y Roberto Gil.

En la carta, entregada en la oficina del presidente Felipe Calderón el primero de marzo pasado, se mencionan los nombres de 15 funcionarios, aunque en la última etapa, también por temor a ser despedidos, tres decidieron no firmar.

Los que se mantienen firmes en su solicitud informaron al mandatario que atraviesan por una situación económica difícil –conformamos la cada vez más exigua y oprimida clase media–, que se agrava con el reciente aumento a los impuestos sobre la renta y al valor agregado, aunque en algunos sectores sí se aumente el salario.