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Dos personas fueron arrestadas y golpeadas para que admitieran ser narcomenudistas

Denuncian abusos de soldados adscritos a la Zona Militar 32
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A José Samuel Xooc Caamal, de 16 años, militares le quemaron el rostro para que confesara que tiene nexos con el narcomenudeoFoto Luis A. Boffil Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 5 de abril de 2010, p. 8

Mérida, Yuc., 4 de abril. José Samuel Xooc Caamal y María Jesús Santos Sabido, oriundos de la ciudad de Valladolid, fueron detenidos y golpeados por soldados de la Zona Militar 32, ubicada a 180 kilómetros al oriente de Yucatán.

En entrevista, denunciaron las agresiones recibidas por los efectivos castrenses, quienes los detuvieron el jueves pasado con violencia, bajo el supuesto delito de narcomenudeo.

Informaron que ambas personas llevaron sus casos ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Xooc Caamal, de 16 años, denunció que el jueves salió de su casa para visitar unos amigos, y en el camino un convoy de militares encapuchados lo detuvo y trasladó al cuartel de la Zona Militar 32.

Una vez recluido, lo amarraron, le quemaron el rostro y lo golpearon en varias partes del cuerpo. Dijo que estuvo retenido unas dos horas, y que con insultos y amenazas lo obligaron a confesar conexiones con el narcomenudeo. Al final, dijo que lo dejaron en libertad, pero le advirtieron que lo seguirían vigilando.

En el caso de María Jesús Santos Sabido, de 30 años de edad, su detención se efectuó el jueves en su casa, a la cual llegaron los soldados; tiraron la puerta, la golpearon y la trasladaron al cuartel militar para que confesara ser narcomenudista.

Denunció que destrozaron el interior de su casa, le robaron 25 mil pesos en efectivo y su hija, Candelaria Carbajal Santos, también recibió golpes en diversas partes del cuerpo.

Una vez en el cuartel, María Jesús Santos relató que la patearon en las piernas. Después de una hora, estimó, fue dejada en libertad.

En sus denuncias ante la Codhey pidieron que se castigue a los soldados y solicitaron la intervención del gobierno del estado para evitar más acciones arbitrarias.