El cártel michoacano de La Familia ha consolidado en una década una estructura orgánica similar a la administración de un gobierno estatal.

El grupo criminal que opera en Michoacán, Guerrero y otras entidades del occidente del país mantiene un sistema de recaudación basado en la extorsión y el despojo de propiedades a empresarios y comerciantes, principalmente dedicados al ramo agropecuario. Lo anterior permite al cártel obtener recursos para adquirir armas, fortalecer su estructura de corrupción, que le garantiza impunidad, y mantener liquidez para continuar sus operaciones.

Los gatilleros de esa agrupación delictiva asignan escoltas a alcaldes y funcionarios municipales. Las policías ministeriales enteran a los miembros del cártel, antes que a la procuraduría estatal, cuabndo hay reportes sobre denuncias de secuestros o robos efectuados por la agrupación delictiva.

Asimismo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene documentado en diversas averiguaciones previas –a las que tuvo acceso La Jornada– que, tras el reforzamiento del operativo anticrimen del gobierno federal, los miembros de La Familia han pagado por habilitar terrenos inhóspitos para sembrar mariguana.

Diversos señalamientos indican que agentes policiales fungen como sicarios a sueldo de la organización criminal, o bien sirven de escoltas a los capos cuando visitan ciudades como Morelia, según testimonios que constan en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008.

Otra práctica detectada durante las investigaciones es que los miembros de ese cártel han optado por financiar sus actividades delictivas mediante el despojo de propiedades a empresarios dedicados a la siembra y comercialización de aguacate.

Ilustrativo de lo anterior resulta un caso de despojo de tierras que ocurrió en 2006 en el municipio michoacano de Peribán, según expusieron a este diario los afectados, quienes mostraron documentos judiciales que avalan sus dichos.

Tres años de litigio

Todos los familiares del empresario Domingo Méndez Leyva, propietario de La Huerta –terreno de 13 hectáreas donde se siembra el aguacate– se encuentran amenazados. La exigencia es que desistan de un litigio que lleva más de tres años en tribunales, con el que están a un paso de recuperar su propiedad.

Policías federales y elementos de la Secretaría de Marina Armada de México aseguran un arsenal adjudicado a La Familia michoacana, en noviembre pasado en el estado de GuerreroFoto Notimex

Sujetos que no se identifican con su nombre y que sólo dicen representar a La Familia han efectuado llamadas telefónicas amenazantes y han intimidado a las autoridades judiciales para que emitan fallos en favor de quienes perpetraron el despojo, de acuerdo con los denunciantes.

A decir de Méndez Leyva, a él y a su familia le han impedido regresar para continuar trabajando las tierras que producían anualmente entre 90 y 110 toneladas de aguacate.

Domingo adquirió La Huerta en 1974 con dinero que ahorró durante varios años de trabajo en Estados Unidos.

En entrevista, el empresario cuenta que en 2006 fue despojado de su terreno. Un sujeto acompañado de varios pistoleros le dijo que el terreno era de otro dueño y que éste lo había heredado su descendencia.

Ante varias instancias judiciales, Domingo presentó escrituras que demuestran que es el único poseedor legal de La Huerta. Tras más de tres años de enfrentar el costo de un juicio civil, y luego de sobreponerse a una serie de amenazas, ganó el litigio “a unos abogados que decían trabajar para un sujeto identificado como Miguel Pulido. En realidad sabemos que es La Familia michoacana la que nos ha despojado del patrimonio de mis hijos”.

Méndez Leyva cuenta que, luego de ganar todos los procesos, incluido un amparo definitivo, el pasado 22 de octubre, día en que el juez de primera instancia civil de Los Reyes, Michoacán, Gregorio Romero Esquivel, debía ejecutar la sentencia de devolución del predio, éste alegó no estar seguro de encontrarse en el sitio de restitución de tierras y determinó aplazar hasta nueva fecha el cumplimiento del fallo que obligaba a que se entregara La Huerta a su legítimo propietario.

Ahora Méndez Silva y sus hijos están a la espera de que el juez Romero reprograme una diligencia para devolverles el terreno.

¿Que si tengo miedo? ¡Claro que tengo! Pero no por eso vamos a dejar de pelear por lo que legalmente está demostrado que es nuestro, asegura Domingo.

Una veintena de casos de despojo como el anterior son investigados por la SIEDO y, según documentos ministeriales, la fiscalía antidrogas de la PGR e investigadores de la Policía Federal tienen en la mira a varios operadores de La Familia que se dedican a extorsionar y amenazar a empresarios michoacanos.