Diputados de la quinta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) incumplieron con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que elaboraron y aprobaron en diciembre pasado, al no presentar formalmente su plan de austeridad para 2010, lo que estaban obligados a realizar en el primer trimestre del año.

Según el artículo séptimo transitorio de la citada normatividad, todos los órganos de gobierno y autónomos deben proyectar y determinar lineamientos tendientes a optimizar su presupuesto en los primeros tres meses del año, y presentarlos ante la ALDF.

Hasta ahora, sólo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha hecho público su plan de austeridad ante el órgano legislativo, en el que prevé ahorros en servicios personales, política salarial, jornadas laborales y retiro de personal.

Sin embargo, la intención de los diputados de hacer menos oneroso su trabajo sólo ha quedado en promesas, pues aunque la Comisión de Presupuesto de la Asamblea tiene listo un programa de racionalidad del gasto, no lo ha presentado oficialmente.

Éste sería el segundo intento en la quinta Legislatura por aplicar medidas de austeridad, pues desde el año pasado se elaboró un plan por la bancada del PRD, que nunca se llevó a cabo.

En la nueva propuesta se contempla congelar la dieta de los diputados para 2010 y el salario de los servidores públicos de mandos superiores, quienes junto con los de nivel medio no recibirían bonos adicionales a su salario.

Además se propone cerrar la contratación de más personal para las unidades administrativas, salvo que sean de nueva creación, y en el caso de honorarios y asesorías sólo se autorizarán más plazas cuando estén relacionadas con el desarrollo de actividades legislativas.

Prestaciones para los legisladores, como viajar al extranjero a cargo del erario o adquirir vehículos oficiales, serán suspendidas. Los gastos de alimentación se sujetarán exclusivamente a cubrir necesidades del servicio.

También se prevé bajar los gastos de telefonía, arrendamientos de inmuebles, dotación de combustibles y adquisiciones de equipos y materiales de oficinas.

Las asesorías sólo se autorizarán si se relacionan con actividades legislativas y se reducirán al mínimo los gastos destinados a cubrir congresos, convenciones, exposiciones, seminarios y espectáculos culturales que no tengan nexos con los trabajos del órgano.