Opiniones contradictorias entre las fuerzas políticas provocó la decisión del gobierno federal de retirar paulatinamente al Ejército de Ciudad Juárez. Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) consideraron que es una buena medida. No se requieren más soldados, sino un mayor trabajo de investigación e inteligencia para localizar las propiedades y cuentas bancarias de los criminales, consideró el legislador del blanquiazul Ramón Galindo.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Navarrete Prida, expuso que la medida es conveniente si el Ejecutivo federal tiene preparadas a policías especializadas para sustituir al Ejército en el combate a la delincuencia organizada.

Si es sólo para responder a las críticas de organismos internacionales y del interior del país, resultaría un asunto francamente contradictorio, porque el problema de fondo en Ciudad Juárez es la poca atención a la desmembrada estructura social producto de décadas de omisiones gubernamentales, recalcó.

Al respecto, el senador panista Felipe González dijo que al sacar paulatinamente a los militares de Ciudad Juárez, y susti- tuirlos por 4 mil 500 policías federales se cumple con lo indicado en el Plan Nacional de Seguridad, ya que el Ejército está sobrecargado de funciones y responsabilidades.

El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado dijo que es hora de que las corporaciones policiacas sean las encargadas de enfrentar a la delincuencia organizada.

Si el Ejército reduce su presencia en Ciudad Juárez y la Policía Federal lleva a cabo labores de inteligencia, las tropas que queden ahí podrán llevar a cabo un trabajo más efectivo que el realizado hasta el momento y pegar donde más duele a las bandas criminales, comentó el panista Galindo, ex presidente municipal de esa localidad fronteriza.

El diputado Navarrete Prida expuso que el retiro gradual de los militares debe formar parte de un gran programa social que recupere la estructura socioeconómica en Ciudad Juárez, mediante una mayor oferta educativa para 40 por ciento de los jóvenes que no tienen acceso al sistema escolarizado, la creación de empleos y la recomposición de las relaciones entre todos los sectores sociales.

El legislador por el estado de México consideró que el anuncio del gobierno federal no debe circunscribirse a la simple administración de cotos políticos ni a la crítica de organismos internacionales de derechos humanos que han considerado al Estado mexicano como violador de garantías fundamentales, sino que debería ser producto de la autocrítica a una deficiente estrategia de combate a la delincuencia organizada que con los años se ha venido desgastando.

Por su parte, Armando Ríos Piter, diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que resultaría preocupante que la decisión obedeciera a la presión de Estados Unidos. El Presidente de la República está obligado a informar a la sociedad para que se involucre en determinaciones tan importantes. Si se continúan asumiendo actitudes unilaterales, lo que podemos esperar es el fracaso de la estrategia contra el narcotráfico.

Herón Escobar, diputado del Partido del Trabajo, señaló que el retiro del Ejército Mexicano de Ciudad Juárez es resultado de la negociación que hubo en la más reciente visita del gabinete de seguridad de Estados Unidos a México.

Es para dar espacio libre a los estadunidenses, y que éstos puedan extenderse a lo largo de la frontera, en busca de controlar la violencia que ahí se genera, afirmó en entrevista telefónica.