ientras la derecha arremete contra los derechos con su iniciativa de reforma laboral, un nutrido grupo de organizaciones sociales lanza la ofensiva para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Se trata del último tirón de una lucha comenzada hace ya 18 años.

Ya se logró en el año 2000 que se establezca el derecho a la alimentación en nuestra Carta Magna, pero sólo para la población infantil. En 2005, se hizo que el Senado aprobara una iniciativa universalizando ese derecho mediante reformas al artículo 4º constitucional. La minuta aprobada duerme desde ese año en la Cámara de Diputados. Ahora la presión social ha hecho que un grupo de legisladores considere prioritario aprobarla.

No puede ser más oportuno y urgente para la nación elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación para todas y todos. Nunca en este país había habido una masa tan enorme de personas con hambre, o desnutridas o malnutridas. Según la propia Comisión Nacional de Evaluación del Desarrollo Social (Coneval), el número de personas en pobreza alimentaria severa se incrementó en 5.1 millones de personas tan sólo en 2009, para llegar hasta 19.1 millones en total (La Jornada, 25/2/10, nota de Angélica Enciso) y es muy posible que el presente año llegue hasta 23 millones.

La misma Coneval reconoce que no han disminuido ni la desnutrición ni la mortalidad maternas. A este ritmo, México estará muy lejos de cumplir la meta del milenio de reducir a la mitad el hambre y la desnutrición de sus ciudadanos para 2015. Pero no es la pobreza alimentaria el único problema: los malos hábitos alimenticios y la precariedad con que se alimenta la población mexicana, han hecho que padezcan sobrepeso y obesidad 72 por ciento de las mujeres, 67 por ciento de los hombres, 34 por ciento de los adolescentes y 26 por ciento de los niños y niñas de cinco a 11 años (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006).

Además, nunca como ahora había sido tan amplia y grave la dependencia alimentaria del país con respecto al extranjero: 42 por ciento de los alimentos que consumimos se importan, cuando el índice establecido por la FAO para que un país tenga seguridad alimentaria es que produzca cuando menos 75 por ciento de los alimentos que consume.

México también debe elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, porque a eso se ha comprometido en diversos tratados y convenios internacionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11); puntos 4, 6, 7, 15 y 17, y del documento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emanado del pacto anterior.

¿Qué implica elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación? En primer lugar, que éste se instituya como una garantía individual en nuestra Carta Magna, cuyo garante es el Estado mexicano. Se trata de un derecho que debe ser exigible ante el Estado. Esto es que éste asegure en lo que se refiere a la alimentación dos condiciones básicas e indispensables: que sea adecuada y que en el suministro de ella a la población haya sostenibilidad.

La adecuación en la alimentación significa que el Estado garantice la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, sanos y de acuerdo a las tradiciones culturales para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos. La sostenibilidad significa que las formas de producir y de brindar acceso a dichos alimentos garanticen que sean accesibles a las generaciones futuras. Esto exige que el Estado se obligue a fortalecer las capacidades de la nación para desarrollar su soberanía alimentaria y emplear un modelo de agricultura que no sólo no agote, sino enriquezca la dotación de recursos naturales.

Estas obligaciones del Estado deben quedar bien claras en la ley, así como los procedimientos para exigir el cumplimiento del derecho a la alimentación y las sanciones en caso de que dicho derecho no se respete, se proteja y se promueva.

Lo decisivo no es sólo elevar el derecho a la alimentación a rango constitucional, sino que el Estado haga cumplir ese derecho. Porque el mismo ha de enfrentar la fuerza de los oligopolios agroalimentarios; del modelo agrícola productivista y exportador, de los esquemas insostenibles de explotación de los recursos naturales y abuso de agroquímicos. Exige también desafiar a las grandes compañías productoras de alimentos chatarra y a sus aliados publicitarios y mediáticos. Porque el nuevo derecho exige políticas concretas y presupuestos para construir la soberanía alimentaria basada en la producción fundamentalmente campesina, para que ésta le proporcione una vida digna a los consumidores y a ellos mismos.

Si para consagrar este derecho es necesaria una gran coalición social, para hacerlo cumplir se requiere una nueva correlación de fuerzas.