Guadalajara, Jal., 30 de marzo. El Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) ordenará por segunda vez al Instituto de Pensiones que revele pormenores de la inversión de 89 millones de dólares que hizo para convertirse en socio de la empresa que construirá un complejo turístico en la costa de Chalacatepec.

La dependencia desobedeció la primera orden. El gobernador Emilio González Márquez dijo en días recientes que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJ) no tenía por qué revelar detalles de un trato entre particulares, en el cual no hay ni un peso del pueblo, pues los 89 millones de dólares son ahorros privados de 115 mil burócratas estatales.

Al resolver un segundo recurso interpuesto por un particular, Alfredo Delgado Ahumada, director jurídico y de capacitación del Itei, sostuvo: “Por disposición constitucional, toda la información que está en manos del sujeto obligado, en este caso el IPEJ, es información pública.

Se hizo un análisis para determinar si esa información pública puede ser difundida, porque el sujeto obligado argumenta que, en términos generales, es reservada y confidencial, y si se revela pudiera causarse un daño, pero no los demuestra. El Itei dice que todos los pormenores de la inversión del IPEJ son de interés público, agregó Delgado Ahumada en rueda de prensa.

El funcionario dijo que, según el IPEJ, existe una cláusula de confidencialidad firmada con Rasaland, la empresa promotora con la cual se asoció, que pidió la reserva para crear el fideicomiso.

Esta cláusula, aclaró, no debe ir en contra de los derechos de terceros ni las disposiciones de orden público. De convalidarse la confidencialidad se estaría atentando contra el derecho a la información y, en consecuencia, contra la Ley de Transparencia.

El consejo del Itei concluyó que los argumentos de reserva y confidencialidad no son suficientemente sólidos, y es de mayor interés público la información acerca de este proyecto.

Este segundo recurso de revisión del Itei obliga al Instituto de Pensiones a revelar todos los pormenores del fideicomiso constituido por Rasaland y el organismo estatal, so pena de enfrentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por abuso de poder.

El IPEJ deberá entregar el contrato para conocer quiénes son el fideicomitente y la fiduciaria, y si se entregaron las garantías correspondientes a un contrato de esta naturaleza.

En el primer recurso de revisión, resuelto a principios de mes, se ordenó entregar escrituras, documentos que comprobaran que los predios son susceptible de inversión, y detalles sobre la forma de contratación (el sujeto obligado sólo dice que es un fideicomiso). De la misma forma, se le instruyó entregar documentos de los contratos, permisos y estudios del IPEJ que comprueben que a mediano plazo se recuperarán los fondos invertidos.