Senadores de PRI, PRD y PT dieron la razón al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que pide eliminar de la legislación mexicana la figura de arraigo, pues ha propiciado violaciones graves a las garantías individuales.

El senador del PRI Fernando Castro Trenti y el perredista Carlos Sotelo, presidente de la comisión plural que da seguimiento a la situación jurídica de los ex funcionarios michoacanos que fueron encarcelados, coincidieron en que el Congreso flexibilizó las disposiciones en materia de arraigo, dentro de la reforma judicial de 2008 y con miras a dar mayores instrumentos para el combate al crimen organizado, pero el gobierno de Felipe Calderón lo ha utilizado para perseguir a adversarios.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, destacó que más de 50 por ciento de las personas arraigadas, uno o dos meses después son liberadas, al no ser responsables de ningún delito, pero mientras tanto fueron privadas de la libertad y sometidas a vejaciones. Es el caso, detalló, de los custodios del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, a quienes no se ha podido probar vínculos con el narcotráfico.

El mejor ejemplo del uso arbitrario e injusto de esa figura es el de los ex alcaldes y funcionarios de Michoacán, detenidos en mayo de 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado, recalcó Sotelo, y subrayó que ese caso evidenció que el Congreso debe reabrir el debate de la reforma judicial, en particular el arraigo y testigos protegidos.

Explicó que el señalamiento lo formuló el mes pasado ante el pleno senatorial, al dar a conocer el informe de labores de ese grupo plural de trabajo que da seguimiento a la situación jurídica y procesal de los ex funcionarios de Michoacán, que fueron objeto de una maniobra con fines diferentes al combate al crimen organizado.

Resaltó que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que en el operativo en Michoacán se violaron los derechos de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso, ello, a raíz de los cateos realizados sin orden de la autoridad.

Además del arraigo es necesario que el Senado revise la figura de testigos protegidos, ya que en el caso de los ediles michoacanos, sus acusadores incurrieron en severas contradicciones y se trata de testigos de oídas, porque hablan de hechos y circunstancias que les contaron terceras personas, lo que es contrario a los principios de legalidad procesal.

Sotelo explicó que 13 de los 32 detenidos ya fueron liberados y los restantes saldrán pronto.