a reforma migratoria bipartidista de los senadores Schumer (D-NY) y Graham (R-SC) se resume en cuatro puntos: un nuevo sistema biométrico de identificación laboral; reforzar el control tanto fronterizo como en el interior del país; un programa de trabajadores temporales y finalmente un camino duro y justo hacia la legalización de los indocumentados que ya residen en Estados Unidos.

El primer pilar o fundamento de esta nueva política migratoria, pretende resolver un viejo y conocido problema: la facilidad con que un migrante irregular puede encontrar trabajo y la facilidad con la que los empleadores pueden evadir la justicia, alegando inocencia o ignorancia.

El asunto viene de lejos, de los tiempos del Programa Bracero, cuando los texanos lograron promover una ley en el Congreso, en 1952, conocida como Texas Proviso, que criminalizaba a los migrantes ilegales pero que expresamente decía: que No era ilegal contratar a un indocumentado. Es hasta 1986, con la reforma conocida como IRCA, que se penaliza la contratación de indocumentados. Esta ley fue fácilmente sorteada por los migrantes que con toda tranquilidad empezaron a comprar identificaciones falsas y números de seguridad social chuecos. De igual modo los empleadores alegaban que ellos no tenían los medios para certificar si esos documentos eran válidos o no. Posteriormente se implementó un sistema de verificación conocido como E-Verify, pero que resultó ser un fiasco: no era ni eficiente ni confiable.

La razón para tener un sistema tan anticuado de identificación laboral tiene que ver con dos factores. En Estados Unidos no hay un sistema oficial de identificación, se utiliza la licencia de manejo. Y la tarjeta conocida como Social Security Number (SSN) es muy buena para recolectar impuestos, pero al mismo tiempo es un simple cartón que no tiene ningún sistema de seguridad. La razón para mantenerlo es muy simple: hay 11 millones de indocumentados que pagan impuestos y que no devengan derechos. Un negocio redondo.

La nueva reforma migratoria considera vital, para el control de la migración clandestina, contar con un nuevo sistema biométrico que remplace al viejo SSN y que otorgue plena seguridad al empleador y a las autoridades, de que la persona que lo porta es legal. Además del costo que supone empadronar a todos los ciudadanos y residentes legales se pueden esperar muchas reticencias del público, ya que todo mundo tendrá que someterse a esta nueva medida de control oficial por culpa de una minoría: los migrantes y los empleadores irregulares.

La segunda medida tiene que ver con el control fronterizo y la aplicación de la ley en el interior del país. Por reforzamiento de la frontera, debe entenderse obviamente, la frontera con México, nada se dice de Canadá. Es decir, más millas de muro, más patrulleros, más tecnología, más dinero del contribuyente. La novedad es que se insiste en el control del interior, por medio del nuevo sistema de identificación laboral y por medidas de coerción y castigo, que pueden llegar incluso a la cárcel para los empleadores de irregulares.

Por otra parte, el control interno, pretende corregir otra añeja tradición burocrática que sólo registraba los ingresos y no le importaban las salidas. Esta práctica permitió que millones de turistas con ingreso legal se quedaran más allá del tiempo estipulado por la visa. Entre ellos figuran, nada menos que los terroristas de septiembre 11, que entraron como estudiantes y se quedaron más del tiempo debido. No había una manera efectiva de controlar las salidas y menos aún de saber dónde estaban los infractores. El forado para la seguridad y el control migratorio, de los que abusan de la visa, sólo se puede controlar con un sistema eficiente que otorgue constancia de salida, tanto al visitante, como al gobierno.

La tercera medida abre una puerta de entrada a los migrantes temporales. Por fin se reconoce oficialmente la conveniencia de una migración circular, legal, ordenada y regulada. Obviamente los mexicanos serían los principales beneficiarios de esta medida, siempre y cuando se establezca un programa y se elimine el sistema de visas que sólo favorecen a ciertos empleadores, tramitadores, abogados y contratistas. Si se resuelve ampliar el sistema de visas H2, sería más de lo mismo y se perpetuaría un modelo que ha funcionado de manera muy deficiente.

La cuarta medida ofrece un camino duro, largo y costoso para aquellos que quieran legalizar su situación. En primer lugar deben reconocer su falta ante las autoridades, en un tiempo corto. Hay cierto puritanismo religioso en esta medida, más católico que protestante, pero que finalmente significa una humillación y una confesión pública de la falta cometida. Luego, los que pasen el escrutinio preliminar podrán iniciar el trámite; los que no cumplan con los requisitos serán deportados. Finalmente los beneficiados tendrán que remediar su falta por medio de horas de servicio a la comunidad, multas y pagos de impuestos no realizados.

Después de todo esto, tienen que ponerse a la cola, detrás de todos aquellos rezagados del sistema de reunificación familiar, que están esperando una resolución desde hace lustros o décadas. Como medida complementaria, se abre la puerta a todos aquellos genios que quieran ingresar al país y a todos aquellos que hayan estudiado en universidades estadunidenses y que quieran permanecer en el país. Se afirma, que después de haberlos formado sería estúpido despedirlos. Ya no se trata de fuga, sino de robo de cerebros en descampado.

Habrá que ver, primero si pasa la ley; luego si funciona y cuáles serían su consecuencias. Tema que será motivo de la próxima entrega.