El avance en la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes y sus defensores está en manos del gobierno mexicano, que deberá responder a la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que su director y relator sobre el tema, Felipe González, pueda visitar el país y conocer la situación que viven los extranjeros indocumentados en territorio nacional, principalmente en la zona sur.

Al concluir el 138 periodo ordinario de sesiones del organismo internacional, difundió un comunicado en el que dio cuenta de los asuntos más relevantes atendidos durante esta semana e incluyó el tema de los indocumentados en tránsito por México.

Para Leopoldo Maldonado, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien acudió a la audiencia en la CIDH, el gobierno mexicano es responsable por acción y omisión, de las violaciones a garantías fundamentales en contra de los migrantes.

Sólo en 2009, se cometieron 18 mil secuestros en contra de estas personas, de acuerdo con información proporcionada por la organización civil.

Maldonado acusó que el gobierno calderonista no quiere que se vea el trato que se da a los indocumentados en las estaciones migratorias ni la situación que viven los defensores de derechos humanos.