aber convertido el estado de Baja California en el sótano de máquinas del sur de Estados Unidos, sólo pudo ser posible gracias a un conjunto de intereses y confabulación entre personajes nacionales y locales de muy baja estirpe, que han contribuido al mayor deterioro moral, ecológico, social y político de que se tenga memoria en Baja California.

La entrega de concesiones para instalar en el territorio de Mexicali plantas de generación de energía eléctrica, para exportar su producción a Estados Unidos y la instalación de una regasificadora propiedad de Sempra Energy, en el municipio de Ensenada, cuyo producto tiene como finalidad abastecer la demanda de California y las plantas de Mexicali, para la producción de energía, ha sido mediante un proceso de complicidades y entreguismo de autoridades federales y estatales, que no han dudado en utilizar todos los instrumentos del Estado para proteger a la empresa de marras, no importando que sus miserias y ridículos se exhiban en público.

Después de analizar los datos aportados por la trasnacional para solicitar la aprobación de la manifestación de impacto ambiental está claro que quedaron muy pocos artículos de la legislación ambiental, que no violaron o piensan hacerlo, ante la complacencia y complicidad de las autoridades ambientales mexicanas.

La peligrosidad y los riesgos de estas llamadas terminales de gas natural licuado, ha obligado a las autoridades estadunidenses a impedir su construcción en la costa del Pacífico, dado que es en este lugar donde se encuentra el límite de la placa tectónica del Pacífico, sometida a constantes desplazamientos, que incrementan los riesgos, en una planta que almacene grandes volúmenes de gas.

Fue este el principal motivo para que varias trasnacionales, durante el gobierno de Vicente Fox, intentaran instalarse en las costas de Baja California, para hacer negocio con este producto en el mercado norteamericano, desde territorio mexicano. Chevron, Marathon Oil, Phillips Petroleum, Shell, Paso Corp y Sempra Energy vieron una gran posibilidad para este mercado.

En Baja California, el ex gobernador Eugenio Elorduy fue el encargado de desestimular a todas las competidoras de Sempra Energy, trasnacional, con la que le unían fuertes intereses familiares, su hija había sido apoderada de la empresa Distribuidora de Gas Natural, firma mexicana socia de Sempra.

Fundidos como uno solo, Sempra y el gobierno del estado no escatimaron en atropellar, comprar, cooptar o reprimir, según fuera el caso. Acostumbrados a arrasar, nunca cuidaron las formas ni el respeto a la ley. Compraron el silencio de muchos medios, mediante ostentosas campañas publicitarias, al ayuntamiento de Ensenada le dieron una mordida oficial de 4 millones de dólares, a diversas organizaciones y fundaciones les entregaban donativos y espejitos a cambio de su silencio.

En la vorágine de atropellos, embriagados por la impunidad que les brindaba su protector Elorduy, realizaron una operación de compra venta de un terreno, para utilizarlo como zona de amortiguamiento, a una persona que había fallecido un año tres meses antes de que se concretara dicha operación. Al legítimo propietario lo desalojaron con las fuerza pública y le dictaron orden de aprehensión.

Para concretar esta fraudulenta operación contaron con la complicidad de autoridades judiciales, del notario público y de todo el entramado de mecanismos oficiales que conlleva una operación de esta naturaleza. El operador de esta acción canalla fue Bernardo Martínez, secretario de Gobierno de Eugenio Elorduy y actual empleaducho de la trasnacional. No hay rubor alguno, como funcionario de gobierno apoya a una empresa que luego, cuando deja su cargo, lo contrata en retribución por los servicios prestados. Los grupos criminales que azotan a la región tienen en sus gobernantes un buen ejemplo de su modus operandi.

Sin embargo a pesar de todos los obstáculos y marrullerías, el pasado 10 de marzo el juez décimo de distrito de Ensenada, Baja California, le ordena al gobierno del estado le restituya el predio a su legítimo propietario, del cual fue despojado por el contubernio entre Sempra y Elorduy.

Al día siguiente de esta resolución de un juez federal, el actual procurador del estado de Baja California, Rommel Moreño Manjarrez, declara que la persona amparada por la justicia federal "es un delincuente". Sin recato ni respeto a las propias leyes mexicanas, esta postura expresa que las complicidades con Sempra trascendieron al sexenio anterior y cuenta con aliados o socios de interés entre las autoridades del actual gobierno de Baja California, que persisten en darle validez a un contrato entre la trasnacional y una difunta.

Esto explica el porqué de la ausencia del procurador del estado en los temas que han calado hondo en la sociedad bajacaliforniana. La mal llamada guerra contra las drogas aparece como una farsa, cuando al diputado del PAN presidente del Congreso de Baja California se le detiene, ebrio, drogado y armado y se le deja libre y se despide al policía que lo detuvo. Los cientos de asesinatos, secuestros y actos delictivos que se realizan en contra de la ciudadanía bajacaliforniana no pueden ser resueltos, ni enfrentados, porque quien es el responsable de procurar la justicia en el estado está más preocupado por articular la defensa de Sempra, con la esperanza, quizá, de que cuando termine su periodo pueda ser contratado por la empresa de marras.

No obstante, la voz de los bajacalifornianos cada vez es mayor, a través de medios de comunicación alternativos o en los diferentes órganos de representación popular, donde miembros de diferentes partidos, en forma plural, alzan la voz en contra de Sempra, cuyo nombre en Baja California está ligado al fraude, la violación de la soberanía, el daño ecológico y el riesgo de un desastre de dimensiones inimaginables.