Las amenazas contra jueces federales que revisan asuntos de narcotráfico, que los han motivado a solicitar seguridad personal las 24 horas para ellos y sus familiares, también han provocado problemas sicológicos en algunos, a grado tal que ya no confían ni en sus escoltas. De hecho, la desconfianza los ha llevado a pedir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que únicamente los cuiden militares, revelaron altos funcionarios del Poder Judicial Federal.

Los casos más representativos son los reportados en entidades donde se ubican los penales de máxima seguridad –estado de México, Jalisco y Tamaulipas–, donde los juzgadores que han recibido amenazas de muerte (telefónicas o mediante recados anónimos) ya no se sienten seguros con la presencia de escoltas de la Policía Federal.

Envié al CJF un escrito para pedir que mis escoltas no sean policías federales, sino de la Policía Militar. Estos agentes no me dan buena impresión, husmean por toda mi casa y ya me dan más miedo que tranquilidad. Hasta tengo la impresión de que podrían estar en complicidad con quienes me han amenazado, reveló a La Jornada un juez de procesos que aceptó hablar sobre su caso a cambio de no revelar su nombre.

Dijo que conoce casos similares, en los que sus compañeros le han confesado que se sentirían más seguros si elementos castrenses les dieran protección en lugar de policías de lo que antes se conocía como Agencia Federal de Investigación o la actual Policía Federal.

Que ya no puede controlar los nervios

Una magistrada de circuito que es divorciada y tiene un hijo menor de edad me confesó que también pedirá la custodia de militares. Me dijo que ya no podía controlar los nervios por la inseguridad que siente con sus agentes federales asignados. A uno lo encontró, un día que el hombre estaba de descanso, dando vueltas por la calle donde ella vive, agregó el juez.

De acuerdo con datos recabados por la Secretaría de la Defensa Nacional, desde que el gobierno calderonista declaró la guerra al narcotráfico, a principios de 2007, el crimen organizado ha amenazado a más de 20 por ciento de jueces que llevan ese tipo de asuntos.

Esos informes refieren que 22 por ciento de los 321 jueces de distrito dedicados a procesos penales han sufrido amenazas. Los grupos de narcotraficantes, primordialmente, inclusive los han interceptado, con el fin de que no dicten sentencias tan altas y sea un tribunal de alzada el que resuelva.

En la misma circunstancia se encuentran al menos 14 jueces dedicados a la resolución de juicios de amparo en materia penal.

En total hay 612 magistrados; 69 se dedican a resolver asuntos del ámbito penal. La tercera parte han sido amenazados, refiere un informe de la Sedena al que tuvo acceso este diario.

De manera oficial, en enero de 2007 el Consejo de la Judicatura Federal reconoció que 35 jueces recibieron protección personal a petición de ellos.