Buenos Aires, 21 de marzo. La sala 2 de la Cámara de Casación admitió un recurso de los abogados de la directora de Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para suspender las pruebas de ADN que debían definir la identidad de sus hijos adoptivos Felipe y Marcela Noble Herrera, de los cuales se sospecha que son hijos de desaparecidos durante la pasada dictadura militar.

La decisión judicial provocó una fuerte reacción de Abuelas de Plaza de Mayo y de organismos de derechos humanos, y fortaleció las denuncias sobre la permanencia de jueces afines a los dictadores y al poder económico, cuando faltan pocos días para el 34 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“La medida que suspendió las pruebas de ADN lleva la marca genética de dos jueces (Luis García y Guillermo Yacobucci), que fallaron en favor de la liberación de Alfredo Astiz y Jorge Acosta (ambos ex marinos del centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada y responsables de delitos de lesa humanidad, pero la decisión no prosperó, señaló hoy el semanario Miradas al Sur).

El abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Lud, sostiene que esta medida de la Cámara de Casación es anormal, porque ante la sola presentación de un escrito se suspendió en tiempo histórico una pericia que estamos esperando desde hace ocho años, sin evaluar la cuestión de fondo.

Advirtió que la directora del Banco Genético afirmó, además, que las muestras tomadas están en peligro, pues llevan más de dos meses y podrían sufrir alteraciones. Recordó las constantes denuncias de los organismos de derechos humanos por las demoras y obstrucciones de esa cámara y la particular insistencia de De Noble que sólo se cotejen las muestras con dos familias, lo que se coloca por fuera de la norma de cruzarlas con las de las inscritas en busca de los hijos de desaparecidos. Esto aumenta la sospecha y la angustia de las Abuelas.

El abogado recordó que el Banco de Datos Genéticos es un ente autárquico y autónomo y sus empleados ingresan por concurso público y cobran sueldos a través del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y asumimos la desconfianza de las Abuelas por las pruebas que se tomaron en allanamientos en casa de la familia Noble con notables irregularidades”.

Éste es el único caso en que la policía demoró una hora en ingresar a la casa de De Noble. En ese tiempo cualquiera pudo cambiar todo. Dentro de la casa había 10 personas y el ADN extraído puede ser de cualquiera de ellas.

Lo que está probado es que en ambas adopciones, realizadas en pleno auge de la dictadura, la señora Noble mintió sobre cómo obtuvo a los niños y que sus abogados obstruyeron la justicia varias veces.

Al hablar de la familia judicial con amigos de la pasada dictadura, varios analistas se refirieron también a la situación de la juez María José Sarmiento, quien el 8 de enero pasado frenó los Decretos de Necesidad y Urgencia para crear el Fondo Bicentenario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y repuso al removido presidente del banco central, Martín Redrado, todo lo cuál fue dispuesto en tiempo histórico sin revisar los expedientes.

En realidad esta jueza debía haberse excusado, pues desde 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mantiene una querella en la provincia de Misiones contra su padre, el ex coronel Luis Alberto Sarmiento –experto en contrainsurgencia–, quien fue ministro de gobierno de la dictadura en 1976 en ese lugar y está acusado por familiares y sobrevivientes por delitos de lesa humanidad.

Esta querella está basada en unas 15 causas reabiertas en 2005 en esa provincia, y en 2006 se produjo el primer pedido de detención del octogenario ex coronel Sarmiento y de otros militares y policías, a lo que apenas se está dando cumplimiento.

La juez en cuestión había asumido su cargo en 1978 y no podía ignorar la participación de su padre en la dictadura, quien además estaba acusado del asesinato del estudiante Angel Brandazza en Santa Fe, en 1972, y que está siendo querellado por el gobierno.

Fernández de Kirchner reconoció el sábado que su gobierno no conocía los detalles del juicio cuando la juez tomó las resoluciones en el caso del Banco Central y Redrado. Esto hubiera permitido al gobierno recusarla de inmediato, ya que por causas personales debería haberse excusado de tomar esa causa.

Ahora la magistrada y la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, coinciden en llamar venganza política del gobierno a un hecho de la justicia, en la misma línea de los ex capitanes Astiz y Acosta, quienes, juzgados en estos días por delitos de lesa humanidad, culparon al gobierno por estar detenidos, a pesar de que sus juicios vienen desde largos años atrás y están acusados por varios gobiernos en el mundo.

Estas cuestiones han puesto la mira de investigadores periodísticos en la cantidad de jueces que participaron de la pasada dictadura y que pudieron reciclarse recostados en sus contactos con el poder político y económico o gracias al silencio cómplice de sus colegas, señala el equipo de investigaciones de Miradas al Sur.