El gobierno federal ha desatendido desde hace tres años la justicia para menores en conflicto con la ley, al no emitir una legislación en la materia que fortalezca la reforma aprobada en 2005, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.

En una conferencia dictada como parte de los trabajos del Foro de Justicia para Adolescentes que se realizó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el ombudsman nacional consideró que esta situación ha provocado una indefinición jurídica que ha llevado a los estados a hacerse cargo de casos de adolescentes relacionados con la delincuencia organizada, cuando esa es obligación del gobierno federal.

Señaló que con la reforma constitucional de 2005 se acabó el sistema tutelar para menores, sin tener un nuevo esquema para atender a esta población, por lo que se sumó al exhorto de los presidentes de los tribunales de justicia del país, para que la Federación emita lo más pronto posible una legislación en la materia que dote de instrumentos y recursos para rencauzar el sistema.

Cuestionó que incluso se haya llegado al grado de modificar un artículo transitorio de la reforma aprobada hace cinco años, para generar un nuevo transitorio que da oportunidad para que exista un nuevo marco jurídico a más tardar en agosto de 2010, lo que ha llevado, especialmente al gobierno federal, a una plena desatención del problema.

Explicó que en el país existen 56 centros de tratamiento para menores, que atienden aproximadamente a ocho mil jóvenes, con edades promedios de 16 años, en el caso de los hombres y 15 en el de las mujeres, quienes son internados principalmente por robo (60 por ciento). Además, agregó, 90 por ciento de estos adolescentes son adictos.

En la clausura del acto, el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, manifestó que la falta de una ley federal en la materia ha ocasionado un desorden en todo el país, que impide hasta la fecha la aplicación de políticas uniformes que permitan la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley.

Defensa de los derechos de los niños

Las diputadas locales del PRD, Aleida Alavez, Alejandra Barrales y Maricela Contreras anunciaron la creación de un instituto para la defensa de los derechos humanos de los niños, que evaluaría la incidencia gubernamental en la calidad de vida de los menores.

Señalaron que dicha instancia será aprobada en el actual periodo de sesiones, y que además, como resultado de varias mesas de trabajo, se acordó promover 11 iniciativas para reformar leyes como la de Salud, Educación, el Código Penal, entre otras, tendientes a atacar problemas como la obesidad e imponer sanciones más severas contra la pornografía infantil, turismo y abuso sexual, así como la trata de personas.