Sólo el presidente Felipe Calderón y Abelardo Escobar, secretario de la Reforma Agraria, dieron consentimiento para que su declaración patrimonial y datos curriculares se hagan públicos, de acuerdo con el sistema electrónico servidorespublicos.gob.mx.

De 18 integrantes del gabinete legal de Calderón, la información de 10 reporta en ese sistema: no existe ningún registro.

Es el caso de los secretarios de Gobernación (SG), Fernando Gómez Mont, y de la Función Pública (SFP), Salvador Vega, aun cuando este último tiene la obligación legal de difundir al menos los datos curriculares y otros en la página web referida.

El incumplimiento del titular de la SFP, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de ley.

Los otros ocho integrantes del gabinete, incluyendo al procurador general de la República, Arturo Chávez, y los secretarios de Marina, Mariano Francisco Saynez, y de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, optaron por la confidencialidad sobre sus datos patrimoniales.

De los titulares de las empresas paraestatales más importantes del país tampoco se tienen esos datos. Del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, el sistema indica que no existe ningún registro.

Del titular de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, sí hay datos curriculares y de su ingresó a la administración pública federal, en 2001, pero optó por no revelar su patrimonio a partir de ese año.

Lo que sí dio a conocer fue el monto de dos inversiones en 2001, por 337 mil 275 pesos; un menaje en casa de 300 mil pesos, y un vehículo.

John Ackerman, especialista en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que es una omisión grave que el sistema no difunda datos ni de la currícula, cargos públicos y otros, pese a que el artículo sexto de la Constitución ordena la máxima publicidad.

Estimó necesario modificar el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues limita la transparencia, al señalar que la difusión de la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.

El titular de la SFP, Salvador Vega CasillasFoto José Carlo González

Aun cuando se solicitó a la vocera de la SFP, Alicia Cárdenas, una entrevista con el funcionario responsable de integrar y difundir los datos esa información, en particular del área de evolución patrimonial (donde hay al menos cinco directores y subdirectores involucrados), al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Entre los secretarios sin registro en la página web referida están: Gómez Mont; Patricia Espinosa, de Relaciones Exteriores; Francisco J. Mayorga Castañeda, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Ernesto Cordero, de Hacienda; Alonso Lujambio, de Educación Pública; José Ángel Córdova, de Salud; Georgina Kessel, de Energía; Javier Lozano del Trabajo; Vega Casillas (SFP), y Gloria Guevara, de Turismo. En el caso de esta última, por ley cuenta con 60 días a partir de su toma de posesión para presentar la declaración.

Sí se encontró la ficha curricular (con la negativa expresa a dar informes de su patrimonio) de los titulares de Desarrollo Social, Jesús H. Félix Guerra, ex accionista y consejero de diversas empresas en los años 80 y en la función pública a partir de 2007; de Economía, Gerardo Ruiz (en 2006 se incorporó al gobierno federal tras 11 años en la iniciativa privada); de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, desde 1994 en el sector público y ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social; de la Armada; de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna (cuando se incorporó a la administración pública federal, en 2002, sí aceptó difundir parte su patrimonio), al igual que el titular de la Defensa Nacional, aunque éste no dio a conocer bienes inmuebles.

El artículo 40 de la ley citada indica que la SFP es responsable de llevar el registro público referido; en él deben inscribirse los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; ingresos del último año y otros datos. No cumplir con esa obligación es motivo de sanción del titular de la Función Pública.