El juez décimo de distrito en Baja California, José Neals André Nalda, determinó que la trasnacional Sempra Energy debe restituir 293 hectáreas donde se asienta su planta regasificadora, predio del que fue despojado Ramón Eugenio Sánchez Ritchi, mediante una operación irregular de compraventa el 31 de enero de 2006, a una mujer de la tercera edad que había muerto dos años antes.

El miércoles pasado, el juzgado determinó insubsistente la orden de aprehensión girada en contra de Sánchez Ritchie por el juzgado primero de lo penal, en un proceso iniciado por la acusación de despojo que presentó en su contra Sempra Energy.

La resolución manda dejar insubsistente la orden de detención “y en su lugar emita otra… determinando que no se acreditó el cuerpo de delito de despojo; consecuentemente, es procedente asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, que la autoridad responsable ordene que se restituya al quejoso en el use y disfrute del bien materia de la controversia, y del cual fue desposeído por el agente del Ministerio Público”.

Sempra Energy construyó la planta en el terreno ubicado en el kilómetro 80.5 de la carretera Tijuana-Ensenada, en una operación ante el notario público número cinco de Ensenada, Diego Monsiváis Franco, en la escritura 16 mil 989 del 31 de enero de 2006, donde aparece la señora Elodia Gómez Castañón como vendedora, representada por Dinora Villafán Gutiérrez.

Sin embargo, de acuerdo con el acta de defunción 12315, de 2004, Gómez Castañón, de 65 años de edad, murió el 10 de octubre de 2004. El acta la suscribió el doctor Román Saynes Marín.

Después de la denuncia de estas irregularidades, Sempra presentó una demanda por despojo contra Sánchez Ritchi.

Asimismo, esta semana el grupo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados solicitará que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicie una investigación sobre las inversiones en infraestructura que el gobierno de Ernesto Elorduy Walter (2001-2007) realizó con carácter supuestamente público, pero que tenían como fin subsidiar la construcción del gasoducto de Sempra Energy.

El diputado José Narro (PRD) aseguró que el financiamiento del proyecto tiene origen en que la hija del ex gobernador, Erika Elorduy Blackaller, es apoderada legal de DNG, empresa transportadora de gas asociada a Sempra.

En un punto de acuerdo que presentará ante el pleno de la Cámara, Narro refirió que se han documentado las violaciones a la Constitución, así como el cúmulo de tráficos de influencias perpetrados durante el gobierno de Elorduy Walter, para la creación de un proyecto de suministro energético a Estados Unidos desde territorio bajacaliforniano, pasando por encima de disposiciones constitucionales, legales y financieras nacionales.

Refirió que el probable desvío de recursos a Sempra se origina en el Corredor 2000, carretera de cuatro carriles construida con recursos públicos federales y estatales. Lo que nunca se dijo fue que su propósito oculto fue cruzar los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana, así como cientos de predios de particulares y ejidales, con el propósito no revelado al Congreso del estado de que en medio de la carretera pasara el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, desde la estación de descarga hasta el territorio de Estados Unidos.

La obra, informó, tenía un costo inicial de 650 millones de pesos, pero cuando fue inaugurada se habían invertido 2 mil 400 millones.

La vía se construyó tan torpemente que es, a la fecha, el tramo carretero que más accidentes vehiculares ha tenido, a grado tal que los automovilistas y transportistas de carga ya no la utilizan. Ahora se ha convertido en el lugar preferido de los sicarios para ir a arrojar los cadáveres que diariamente ofrece el crimen organizado, aseguró.